Política
Diputados aprueban fondos para alimentación e ingresos de policías y soldados por un monto de $30,984,183
Una semana después de recibir la petición formal, la Asamblea Legislativa aprobó unánimemente este jueves la reasignación de $30,984,183 que garantizarán alimentos e ingresos de policías y soldados que participan en el “Plan de control territorial” lanzado por el presidente Nayib Bukele.
Diputados de oposición accedieron a votar en la sesión plenaria, pero pidieron transparencia en el manejo de los recursos y que el Gobierno presente a la brevedad un plan de seguridad para que la población sepa cuál es el rumbo de la política de seguridad.
“Debemos saber en qué ruta vamos para avanzar, deben presentar su plan, eso va a dar claridad a las instituciones y al pueblo, de la ruta que va a seguir el país en el combate a la delincuencia y al crimen organizado”, dijo la diputada Yanci Urbina, del FMLN.
El primer decreto aprobado reasigna $21,636,183 de dinero recaudado de la “Contribución especial de los grandes contribuyentes” y del impuesto del 5 % de productos y servicios de telefonía en el primer trimestre de 2019. De esa cantidad, con $10 millones pagarán salarios de 7,300 miembros de la Fuerza Armada que realizan labores de patrullajes; con $3 millones pagarán $200 mensuales a 2,500 policías de julio a diciembre de 2019, para su alimentación. También, $8,636,183 irían destinados a remuneraciones de elementos policiales dentro del régimen de disponibilidad.
Un segundo monto de $9.8 millones de excedentes de ingresos corrientes del Estado hasta marzo, incluye $6,048,000 van para alimentación de 5,040 miembros de la Fuerza Armada; y $3,300,000 para la construcción de infraestructura en diferentes delegaciones policiales.
Los diputados no aprobaron $452,000 solicitados para el Ministerio de Gobernación, porque no recibieron el detalle del gasto solicitado.
Apoyo absoluto.
Los diputados de las diferentes fracciones dijeron estar dispuestos a apoyar toda iniciativa que ayude a la seguridad. “Nuestro apoyo al Gobierno, en toda acción que vaya encaminada a mejorar la condición de vida de nuestro pueblo, lo vamos apoyar y no por temor a amenazas de los delincuentes, ni de ningún otro lugar”, dijo el diputado Donato Vaquerano, de Arena.
El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, presidente de la Comisión de Seguridad, aseguró que caminarán “de la mano, dando instrumentos de normas y recursos” para “lograr la paz en nuestro país”.
La próxima semana, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, llegará a la Comisión a explicar el plan de seguridad del Gobierno.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
