Política
Comisión Política de la Asamblea entrevistará a aspirantes para presidir el Tribunal del Servicio Civil
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó entrevistar el próximo lunes 16 de junio a los aspirantes al cargo de presidente del Tribunal del Servicio Civil, para el período comprendido entre el 28 de junio de 2025 y el 27 de junio de 2028.
La decisión fue respaldada por unanimidad por los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN y ARENA, y fue propuesta por el presidente de la comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Cuatro profesionales del derecho presentaron sus credenciales ante el órgano legislativo y serán recibidos a partir de las 2:00 p. m. para una entrevista individual de al menos 20 minutos. Los candidatos son: William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Aldair Corea Barraza, Selvin Max Darwin Peña Rivera y Franklin Josué Nolasco Morales.
Entre los requisitos para optar al cargo se encuentran: ser salvadoreño por nacimiento, tener más de 30 años, ser abogado de la República, contar con al menos cinco años de experiencia en cargos públicos o municipales, y demostrar honorabilidad y competencia notoria.
Durante la sesión, Castro recordó que el Tribunal del Servicio Civil está compuesto por tres magistrados propietarios, designados por la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo (a través del Consejo de Ministros) y la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable a la solicitud del Ejecutivo para reforzar con $725,000 el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los fondos serán destinados a fortalecer la logística de abastecimiento de los agromercados y centrales de abasto a través de la adquisición de vehículos de transporte.
Según el dictamen, que podría someterse a votación en la sesión plenaria de este martes, el MAG podrá adquirir camiones con capacidades que oscilan entre 2.5 y 10.5 toneladas, así como pick-ups.
Esta flota permitirá mejorar el traslado directo de productos desde las fincas de pequeños y medianos productores hacia los centros de distribución, como parte de la cadena de suministro impulsada por el gobierno.
Desde el 18 de junio entró en vigor la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos, una normativa que otorga al Ejecutivo el control sobre la administración y funcionamiento de los mercados en el país.
La nueva dirección tendrá como funciones principales regular la adjudicación de espacios comerciales bajo criterios de igualdad, administrar la infraestructura y recursos de los mercados, extender permisos para ventas temporales y establecer normativas internas. Asimismo, deberá garantizar condiciones mínimas para operar, como acceso a agua potable, iluminación, sanitarios comunes y sistemas de vigilancia.
La ley también declara de utilidad pública e interés social las inversiones destinadas a la construcción, remodelación o preservación de mercados. Además, permite que las alcaldías soliciten la intervención del Ejecutivo para proyectos de infraestructura, siempre que entreguen el inmueble en comodato gratuito por 50 años, prorrogables.
Entre las disposiciones para arrendatarios se establece la obligación de mantener los puestos según su diseño original y la prohibición del subarrendamiento. También se contemplan normas estrictas de higiene, como la prohibición de almacenar productos en descomposición o usar ingredientes de dudosa procedencia en alimentos.
Durante la discusión en el pleno, la diputada Elisa Rosales (Nuevas Ideas) destacó que esta iniciativa retoma el proyecto de revitalización del Centro Histórico impulsado por Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que este es “un nuevo reto” y recordó que muchos consideraban imposible ordenar el comercio en el centro capitalino, algo que ahora comienza a materializarse a nivel nacional.
La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) revela que la población salvadoreña califica con una nota de 7.78 al régimen de excepción, medida constitucional implementada para reforzar el Plan Control Territorial (PCT) en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, con el respaldo de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA, mientras que ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra.
Esta medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele tras un repunte significativo de homicidios a fines de marzo de 2022, logrando desde entonces una notable reducción en la violencia criminal.
Pese a intentos opositores por derogar la medida, la encuesta indica que el 60 % de los ciudadanos consideran necesario prorrogar el régimen de excepción, mientras que un 37.7 % opina que ya es momento de buscar otras alternativas para combatir la inseguridad.
El informe señala que, aunque el régimen mantiene buena aceptación, la población también expresa la necesidad de avanzar hacia nuevas estrategias.
Desde la implementación del régimen, el Gobierno ha promovido reformas legales para endurecer penas contra pandilleros por delitos como homicidio y extorsión. La oposición, por su parte, sostiene que la medida vulnera derechos humanos y genera temor en la población.
Sin embargo, el estudio del Iudop-UCA destaca que el 65.2 % de los salvadoreños no sienten temor ante el régimen de excepción, mientras que un 20 % dice tener poco temor, un 6.1 % algo de temor y solo un 8.7 % reporta mucho temor.
