Desde el 18 de junio entró en vigor la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos, una normativa que otorga al Ejecutivo el control sobre la administración y funcionamiento de los mercados en el país.

La nueva dirección tendrá como funciones principales regular la adjudicación de espacios comerciales bajo criterios de igualdad, administrar la infraestructura y recursos de los mercados, extender permisos para ventas temporales y establecer normativas internas. Asimismo, deberá garantizar condiciones mínimas para operar, como acceso a agua potable, iluminación, sanitarios comunes y sistemas de vigilancia.

La ley también declara de utilidad pública e interés social las inversiones destinadas a la construcción, remodelación o preservación de mercados. Además, permite que las alcaldías soliciten la intervención del Ejecutivo para proyectos de infraestructura, siempre que entreguen el inmueble en comodato gratuito por 50 años, prorrogables.

Entre las disposiciones para arrendatarios se establece la obligación de mantener los puestos según su diseño original y la prohibición del subarrendamiento. También se contemplan normas estrictas de higiene, como la prohibición de almacenar productos en descomposición o usar ingredientes de dudosa procedencia en alimentos.

Durante la discusión en el pleno, la diputada Elisa Rosales (Nuevas Ideas) destacó que esta iniciativa retoma el proyecto de revitalización del Centro Histórico impulsado por Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que este es “un nuevo reto” y recordó que muchos consideraban imposible ordenar el comercio en el centro capitalino, algo que ahora comienza a materializarse a nivel nacional.

La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) revela que la población salvadoreña califica con una nota de 7.78 al régimen de excepción, medida constitucional implementada para reforzar el Plan Control Territorial (PCT) en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, con el respaldo de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN, PDC y GANA, mientras que ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra.

Esta medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele tras un repunte significativo de homicidios a fines de marzo de 2022, logrando desde entonces una notable reducción en la violencia criminal.

Pese a intentos opositores por derogar la medida, la encuesta indica que el 60 % de los ciudadanos consideran necesario prorrogar el régimen de excepción, mientras que un 37.7 % opina que ya es momento de buscar otras alternativas para combatir la inseguridad.

El informe señala que, aunque el régimen mantiene buena aceptación, la población también expresa la necesidad de avanzar hacia nuevas estrategias.

Desde la implementación del régimen, el Gobierno ha promovido reformas legales para endurecer penas contra pandilleros por delitos como homicidio y extorsión. La oposición, por su parte, sostiene que la medida vulnera derechos humanos y genera temor en la población.

Sin embargo, el estudio del Iudop-UCA destaca que el 65.2 % de los salvadoreños no sienten temor ante el régimen de excepción, mientras que un 20 % dice tener poco temor, un 6.1 % algo de temor y solo un 8.7 % reporta mucho temor.

La Asamblea Legislativa ratificó este jueves la contratación de un préstamo por $75 millones entre el Gobierno de El Salvador y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de reforzar el sector público de educación.

El financiamiento, otorgado bajo la modalidad de Crédito de Enfoque Sectorial Amplio, es de libre disponibilidad y desembolso rápido, y se enmarca en el Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador.

La ratificación recibió el respaldo de 55 diputados, mientras que la diputada Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra, y los legisladores de ARENA se abstuvieron de votar.

El decreto aprobado establece que el préstamo es un reconocimiento por parte del CAF a las políticas educativas impulsadas por el actual Gobierno y podrá utilizarse para prioridades estratégicas del Ejecutivo, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal.

Durante la discusión legislativa, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que la finalidad del préstamo es «impulsar acciones centradas en la mejora de la calidad educativa y cerrar brechas estructurales, tecnológicas y de infraestructura que por años fueron relegadas en el país».

La aprobación inicial del préstamo se realizó en la sesión plenaria número 59, el pasado 10 de junio de 2025.