Política
Así era la cooperación de Taiwán a El Salvador antes de la ruptura diplomática
El anuncio hecho por el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén por medio de una cadena nacional de radio y televisión sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán tendrá un gran impacto para El Salvador.
Ambas naciones mantuvieron por más de 80 años relaciones diplomáticas, las cuales eran reforzadas por millonaria cooperación por parte del país asiático para proyectos de desarrollo.
Además, los vículos comerciales entre Taiwán y El Salvador suman cerca de $150 millones al año, de los cuales al menos $14 millones corresponden a las exportaciones de la nación centroamericana y el resto a importaciones de Taiwán.
A continuación te mostramos algunas de las donaciones más importantes hechas por la cooperación taiwanesa para el país en los últimos años, las cuales tras el cese de relaciones, ya no continuarán.
En 2001, Taiwán donó alrededor de $15 millones para ayudar a reconstruir el país luego de los terremotos de enero y febrero, los cuales fueron malversados por el entonces presidente de la República Francisco Flores. Buena parte de esos fondos fueron a parar a cuentas de destinatarios del partido ARENA.
En 2004, ese país también dio en concepto de donación $9.9 millones para la construcción del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual fue inaugurado en junio de 2007 por el expresidente Elías Antonio Saca, quien actualmente enfrenta un proceso por lavado de dinero y peculado por $300 millones.
Entre los desembolsos más importantes en 2011 hechos por Taiwán se encuentran 27 vehículos por un valor de $609,693 que fueron destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad para el combate a la violencia en el país.
Además de 247 motocicletas valoradas en 800 mil dólares y que fue parte de los dos millones destinados en cooperación del gobierno de Taipei al área de seguridad en ese mismo año.
La cooperación también se realizó por medio de ayuda militar, por ejemplo, en julio de 2017 Taiwán entregó una flota de cuatro helicópteros HU-1H para la Fuerza Armada de El Salvador y cuyo precio ronda los $16 millones.
En julio del presente año se hizo un desembolso de $500 mil para equipar y readecuar las instalaciones de la Ciudad de la Niñez y la Adolescencia en Santa Ana.
Ese mismo mes hubo una donación por $1 millón para fortalecer el Programa de Vacunaciones e Inmunizaciones del Ministerio de Salud en su fase dos, como parte del programa de Cooperación Quinquenal entre Taiwán y El Salvador.
El país con el que el presidente Sánchez Cerén dio por finiquitadas las relaciones también colaboró por muchos años con centos de becas para estudiantes, quienes tenían la oportunidad de ampliar sus conocimientos en prestigiosas universidades de Taiwán.
También se destacan $3.5 millones para todo el sistema de rastreo y videovigilancia, así como videocámaras que proporcionó Taiwán para que el país investigue actos delictivos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
