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VMT pide a Fiscalía investigar procedimientos irregulares de empleados y la evasión en el pago de multas
Este miércoles 28 de julio, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, presentó avisos ante la Fiscalía General de la República para que investigue irregularidades de algunos empleados de dicha institución y una serie de casos de conductores que están evadiendo el pago de multas.
En las afueras del edificio fiscal, el funcionario explicó a periodistas que entregaron un aviso sobre “procedimientos irregulares que se han detectado al interior de la institución y que involucra a empleados de nuestro Viceministerio”.
El funcionario señaló que estas personas habrían “recibido dádivas para realizar trámites” por lo que decidió interponer el aviso.
“Nosotros nos mantenemos en una lucha frontal para todos los comportamientos que puedan implicar algún tipo de corrupción y en la medida en que nos vayamos dando cuenta de cualquier tipo de estos comportamientos vamos a realizar nuestra parte”, ante las autoridades, apuntó.
El viceministro de Transporte agregó que también presentaron avisos sobre “algunos procesos que involucran a conductores de diferentes sectores del transporte y transito los cuales acumulan cantidades excesivas de esquelas”.
Castelar indicó que en este caso están involucradas más de 20 personas “que la deuda de multas que tienen exceden los $75 mil. La persona que más tiene multas en este momento es de una deuda de casi $4 mil”.
“Por lo tanto, estamos presentando ante la fiscalía esta situación para que se proceda como se debe”, apuntó el titular del VMT.
Aclaró que “evidentemente no se trata de una persecución, no se trata de una cacería sino más bien de generar la conciencia, que es necesaria en toda la población, para que respetemos el reglamento de tránsito”.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
