Uno de los principales objetivos de la Asamblea Legislativa es trabajar por garantizar el bienestar de la población, y las dos últimas legislaturas (2021-2027), ambas con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, agregaron a sus prioridades de trabajo la atención de las necesidades de los salvadoreños que residen en el exterior, en consonancia con las políticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele es dicha área.

De acuerdo con Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno, desde el congreso «hemos venido impulsando una transformación profunda en la relación entre el Estado salvadoreño y nuestra diáspora».

Figueroa explicó que durante mucho tiempo los connacionales sostuvieron económicamente al país, con el envío de remesas que en ciertos años han llegado a representar el 28 % del PIB (Producto Interno Bruto); sin embargo, no siempre tuvieron una participación plena en la toma de decisiones nacionales.

«Lo que estamos construyendo ahora es precisamente una nueva visión de ciudadanía transnacional donde nuestros connacionales no solo son reconocidos por sus aportes económicos que han sido vitales para la economía de nuestro país, sino también como actores políticos, sociales y estratégicos para el desarrollo del Salvador», agregó la legisladora cian.

Una de las principales contribuciones en materia electoral que la Asamblea Legislativa ha hecho a favor de la diáspora es la implementación del voto electrónico, medida que permitió que 331,756 salvadoreños en el extranjero votaran en 2024.

«Esto marcó un antes y un después en la historia democrática del país, porque eliminó barreras históricas que durante años limitaron la participación política de nuestra diáspora. Además, es un referente y un precedente no solamente para nosotros como país, sino también para la región, porque hemos liderado en este tema y lo estamos institucionalizando para poder ampliar nuestra democracia», explicó Figueroa.

El último aporte fue la reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, la cual permite la creación de una circunscripción para que la diáspora pueda elegir a sus propios diputados, representación que será de seis curules de acuerdo a las modificaciones realizadas a leyes secundarias vinculantes.

«La diáspora comenzará a tener voz propia en la construcción de leyes; por ejemplo, políticas públicas y decisiones nacionales, y esto es una profundización real de derechos políticos y un reconocimiento histórico a millones de salvadoreños que nunca dejaron de formar parte de este país», afirmó la diputada.

Pero el trabajo que el congreso hace en pro de la diáspora no se limita al ámbito político electoral, también se han impulsado medidas concretas para mejorar la calidad de atención y de vida, facilitando además su conexión con El Salvador.

Figueroa indicó que a través de la ley de movilidad humana «se establecieron beneficios importantes, como la posibilidad de regresar a casa y de traerse las cosas que ellos consideran más valiosas. Esto se conoce como menaje de casa».

Esto se logró a través de la creación de la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana, que permite que los connacionales que quieran reestablecerse en El Salvador puedan traer hasta $100,000 en inmuebles, quedando exentos del pago de impuestos.

Una reforma aprobada a inicios de este año amplió el beneficio, exonerando los impuestos por el ingreso de herramientas e implementos de trabajo por hasta $100,000, para que los salvadoreños en el exterior puedan establecer su actividad laboral en territorio nacional.

La presidenta de la comisión de salvadoreños en el exterior reconoció el esfuerzo que han realizado los connacionales al trabajar durante muchos años, especializándose y generando empleos.

Por otra parte, la Asamblea aprobó más presupuesto para ampliar la red de consulados en el mundo; y contribuyó en la creación de Duicentros a fin de «brindar una atención más cercana, ágil y digna».

Esas acciones permiten que los connacionales puedan obtener su DUI en 20 o 30 minutos, lo que se traduce en ahorro de tiempo y recursos.

Para Figueroa, «esto es parte de una visión integral; es decir, reconocer que la diáspora no está lejos de El Salvador, sino que forma parte activa de nuestra nación, y precisamente por eso las reformas constitucionales no son un hecho aislado, sino la continuación lógica de esta política pública en la que hemos estado trabajando durante años. Hoy estamos construyendo un país donde la distancia geográfica ya no significa exclusión política».

El sistema bancario privado salvadoreño registró un hito sin precedentes al cierre de marzo de 2026: los depósitos de los bancos miembros de Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) llegaron a $20,768 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 17.4%, equivalente a $3,090 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Los depósitos a plazo fueron los de mayor dinamismo, con un incremento de 19.7 % interanual, señal de que los salvadoreños confían en la banca privada como destino seguro para sus ahorros y apuestan por instrumentos financieros de mediano plazo.

Este máximo histórico en captaciones se enmarca en un contexto de expansión generalizada del sistema. Los activos totales de los bancos miembros de Abansa alcanzaron $26,130 millones al cierre de marzo de 2026, con un incremento interanual de 12.7 %, equivalente a $2,953.9 millones adicionales respecto a marzo de 2025. Este crecimiento sostenido refleja la confianza del público y la capacidad del sistema financiero de acompañar a familias y empresas en el desarrollo económico del país.

Crédito en expansión: empresas y familias

El saldo de préstamos brutos alcanzó $17,984 millones, con un crecimiento interanual de 10.3 % (+$1,678 millones). El crédito a empresas llegó a $9,143 millones, representando el 51 % de la cartera total, con un alza de 14.5 % interanual.

Los sectores más dinámicos fueron Construcción (+31.6 %, $1,283 millones), Comercio (+30.2 %, $2,746 millones) y Servicios (+19.6 %, $1,534 millones).

Por su parte, el crédito a familias sumó $8,841 millones, con un crecimiento de 6.2% interanual (+$516 millones). Dentro de este segmento, el crédito para vivienda alcanzó $2,876 millones (+7 %, $189 millones), registrando el mayor crecimiento en los últimos 10 años, lo que amplía las oportunidades de acceso a vivienda propia para los salvadoreños.

El indicador de solvencia del sistema cerró en 14.36 %, superando el mínimo legal exigido y mejorando frente al 14.3 % registrado en marzo de 2025. La mora, por su parte, se redujo a 1.4 %, por debajo del 1.5 % reportado en el mismo período del año anterior, lo que evidencia la calidad de la cartera crediticia y la capacidad de pago de los deudores.

Digitalización y acceso financiero

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron más de 66 millones de operaciones de personas, movilizando cerca de $11,000 millones. La banca móvil creció 42 % y la banca por internet 49 %, reflejando la acelerada adopción de canales digitales por parte de los usuarios.

En materia de inclusión financiera, más de 1.3 millones de salvadoreños cuentan con tarjeta de crédito activa (+20.2 % interanual), respaldando más de $1,458 millones en operaciones. Las tarjetas de débito activas superaron los 2.8 millones (+15.4 %), movilizando más de $1,227 millones (+20.6%).

El sistema superó los 7 millones de cuentas titulares (+21 %), con más de 1.28 millones de nuevas cuentas de ahorro y corriente abiertas en el último año. Las cuentas simplificadas crecieron 72 % en mujeres y 75 % en hombres interanual a marzo de 2026, lo que evidencia avances concretos en la reducción de barreras de acceso al sistema financiero formal.

Los bancos miembros de Abansa reafirmaron su compromiso de trabajar por el progreso y crecimiento del país, acompañando a personas, familias y empresas en cada etapa de su desarrollo, con más crédito, ahorro seguro y servicios financieros eficientes.

El régimen de excepción, instaurado el 27 de marzo de 2022 en El Salvador, brindó mayores herramientas a los cuerpos de seguridad para localizar y capturar a vinculados a estructuras delictivas. El último balance de Seguridad indica que, en este periodo hasta el 24 de mayo, 92,333 colaboradores y pandilleros han sido arrestados.

Entre los detenidos se encuentran jefes y cabecillas de pandillas, extorsionistas, homicidas y otros delincuentes que por muchos años delinquieron en diversas zonas del país.

«Este nuevo Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades y llevarlos directo a prisión por los delitos cometidos. Seguimos trabajando sin descanso, día a día, con nuestros objetivos firmes, sin descuidar ningún área e integrando investigación, inteligencia y presencia territorial para sacar de las calles a estos delincuentes», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Solo en el transcurso de este año, entre el 1 de enero al 24 de mayo, las autoridades han localizado a 1,493 vinculados a pandillas.Entre los últimos detenidos están William Joaquín Valenzuela García, alias Crazy, perfilado como palabrero, gatillero y extorsionista de la estructura MS-13. Tiene antecedentes por homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de libertad, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Fue ubicado en Sonsonate Norte.

También, en el cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, fue capturado Óscar Antonio Godínez Buendía, de 31 años, alias el Toro, de la pandilla Mao Mao, clica Soya City. Según la Policía, este delincuente tiene antecedentes desde el 2014 por homicidio en grado de tentativa, robo en grado de tentativa y otras agresiones sexuales.

Bajo el régimen, a las pandillas también se les ha decomisado 5,414 armas, 12,089 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas, así como 24,878 teléfonos celulares, que contienen información relevante sobre el accionar delictivo y que podrán ser vinculados a procesos de investigación.

En materia de narcotráfico, las autoridades valúan en $1,534,069,881.32 el total de droga incautada durante el período del régimen.