Sucesos
Policía asesinado en Residencial La Gloria soñaba con ser sargento pero en sus 23 años de servicio nunca lo ascendieron
José Douglas Moreno Barrientos, de 42 años, fue un agente de la División Central de Investigaciones (DCI), y soñaba con que algún día llegaría a convertirse en sargento de la PNC.
Esperó ese momento durante sus 23 años, es decir, más de la mitad de su vida para que lo tomaran en cuenta por su dedicación y espíritu de servicio a favor de la población. Pero siempre fue ignorado.
Ese ascenso que tanto añoraba nunca llegó, sus aspiraciones fueron truncadas la noche del sábado 29 de junio cuando fue asesinado por delincuentes del barrio 18 Revolucionarios en una pupusería ubicada en la residencial La Gloria, en Mejicanos, al norte de San Salvador.
El agente Moreno, cuyo indicativo era «Roger», estuvo destacado en la Unidad de Vida de la DCI, donde investigaba homicidios; y además, hace unos años prestó servicios en la Unidad del 911 de San Salvador.
Su registro de Orden Número Institucional (ONI) era 12024, y quienes lo conocían comentaron que siempre preguntaba por los cursos de ascensos que se promovían en la PNC; sin embargo, volvía a enfrentarse con los mismos obstáculos: nunca era considerado para los ascensos y convertirse en sargento.
Otra de sus aspiraciones era la de sacar adelante a su familia, a sus hijos, para que se convirtieran en personas de bien y destacados profesionales al graduarse de una carrera universitaria.
Una fuente allegada al agente explicó que fue un policía valiente, profesional y entregado a su familia y trabajo.
En sus días libres aprovechaba para trabajar en su negocio, la pupusería donde fue acribillado.
“Entre los casos más relevantes que investigó está el de un ametrallamiento ocurrido en el 2013 a la delegación de Quezaltepeque donde se capturaron gran cantidad de pandilleros de 18”, explicó la fuente.
También participó en 2005 en un caso de investigación sobre la captura de unos sujetos que intentaron robar en una agencia del Banco Agrícola ubicada en la 5a. Avenida Norte y 29a. Calle Poniente en la capital.
Tomó curso con equipos élites de Guatemala
El agente poseía varios pines metálicos de los cursos en los cuales había participado, uno de ellos le fue entregado por su participación con los «Kaibiles», una unidad de soldados élites de Guatemala que son preparados para llevar a cabo operaciones especiales y de inteligencia en contra de la delincuencia y el terrorismo.
Durante el curso, el agente Moreno dio instrucciones sobre investigaciones a los Kaibiles. También fue condecorado con la Cruz de Plata y tuvo participación en cursos en los Estados Unidos.
«En su palmarés tenía varios pines que se le dieron por los diferentes cursos a los que asistió; además, portaba uno que se les da a los policías que cuentan con más de 20 años de servicio en la PNC», explicó uno de sus conocidos.
Al consultar a la fuente su opinión con respecto a los ataques que realizan las pandillas en contra de los policías expresó: «Los delincuentes que atenten contra policías tienen garantizada la cárcel y una larga condena en un penal bajo las condiciones más severas».
«Los ataques cobardes son una muestra que las pandillas actúan de manera furtiva y aprovechándose de la vulnerabilidad de los miembros de la PNC cuando están de licencia o en actividades familiares», agregó.
Por: El Salvador Times.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
