Sucesos
La imprudencia de un joven sin licencia que terminó con la vida de Anselmo, un pastor evangélico de Sonsonate
Anselmo Rodríguez se levantó temprano y partió desde su vivienda en Sonsonate con dirección a San Pedro Puxtla, Ahuachapán, a bordo de su motocicleta, sin saber que ese sería su último viaje en esta vida.
Él se congregaba en una iglesia evangélica donde era pastor; el templo le quedaba cerca de su casa y ese día de la tragedia había salido a comprar mariscos con la intención de abastecer su pequeño negocio y de esa manera salir adelante.
Con las ganancias que le dejaba la venta de los mariscos cubría sus necesidades básicas y pagaba sus estudios de teología en el Instituto Bíblico Bethel de Sonsonate; sin embargo, su esfuerzo se vio interrumpido la mañana del martes 12 de noviembre.
Autoridades explicaron que el pastor recorría a bordo de su motocicleta la calle que limita los municipios de Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Puxtla, sin imaginar que iba a ser víctima de la irresponsabilidad de otro conductor.
En el otro extremo de la ciudad, un joven de 19 años, de nombre Wilmer P. y su padre, también salieron desde temprano con el objetivo de llegar a Sonsonate. La falta de experiencia del muchacho le jugaría una mala pasada.
Llegando al límite de los municipios, Anselmo vio de frente la motocicleta donde se conducían padre e hijo, cuando estaban a escasos metros de distancia el joven perdió el control, invadió carril contrario y no hubo tiempo para reaccionar.
Las motos colisionaron de manera frontal y el impacto fue tal que los tres cayeron al suelo; quedaron tendidos en la carretera a varios metros de distancia de las motocicletas.
Lugareños dieron avisaron a las autoridades tras escuchar el sonido del choque; cuando la Policía llegó, Anselmo había muerto.
Tras el impacto frontal, el líder religioso cayó en la carretera y rebotó hasta quedar en la cuneta.
Invasión de carril y sin licencia de conducir
Inmediatamente, los agentes policiales verificaron el estado de las víctimas, se percataron que el joven y su padre estaban con vida, pero lesionados, los llevaron al hospital Jorge Mazzini para que fueran atendidos.
Otro equipo se quedó en la zona de la tragedia, junto al cuerpo de Anselmo, esperando la llegada de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal (IML) para el levantamiento respectivo.
En el hospital, los policías pidieron los documentos a Wilmer, pero este les dijo que no tenía licencia de conducir, considerada una falta al reglamento de Tránsito.
La Policía determinó que la invasión del carril del joven fue la causa del accidente, por eso lo mantienen bajo custodia en el hospital; será acusado del delito de homicidio culposo en perjuicio de don Anselmo.
Las autoridades dijeron que se mantienen en alerta, pues este es el segundo accidente de tránsito que cobra la vida de un motociclista en las últimas horas en Sonsonate; el primero ocurrió en el kilómetro 25 de la carretera hacia ese departamento donde un hombre perdió la vida.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
