Sucesos
Familiares viven el peor momento de sus vidas, al no saber nada de los hermanos Martínez Ortega, desaparecidos en su camino a EE.UU.
El pasado 5 de octubre, los hermanos Martínez Ortega, partieron con rumbo a Estados Unidos sin que hasta el momento sus parientes sepan de su paradero.
Desde ese momento no han tenido noticias de Nixon Isaac, de 25 años, y su hermano Irving Saúl, de 28; lo único que se sabe es que un «coyote» los llevaría de manera ilegal a Estados Unidos.
Sin embargo, al tercer día que los hermanos iban en ruta, el «coyote» con el que viajaban se comunicó con la familia para decirles: «Los muchachos se habían portado mal, no me anduvieron siguiendo, entonces se quedaron en Guadalajara (México)».
Desde ese momento, allegados a los jóvenes consideran que el sujeto de quien recibieron ese mensaje «los había dejado perdidos».
Una persona cercana a Nixon Isaac comentó que durante los 47 días que llevan desaparecidos han sido momentos de angustia por no saber nada de ellos.
«Es una situación difícil, no esperábamos eso y tampoco no hemos sabido nada de ellos… Es una angustia de todos los días», expresó un conocido de los muchachos.
«El no saber si están vivos o qué les pasó es algo que nos angustia. El padre de ellos que está en Estados Unidos está muy preocupado por ellos», comentó la misma fuente.
El padre de los jóvenes les proporcionó $12,000 para que pagaran un «coyote», al contactarlo este les dijo que les cobraría $16,000 ($8,000 por cada uno) por llevarlos hasta la puerta de la casa de su papá en Estados Unidos.
La preocupación obligó de los familiares a que reportar el caso a la Policía de La Libertad, esta ya es investigado como tráfico ilegal de personas.
Cuatro años para ahorrar y venir a instalar un negocio
Nixon es padre de un bebé de once meses quien ha quedado al cuido de la madre; el joven expresó a sus familiares que su objetivo de viajar a Estados Unidos es para trabajar durante cuatro años, ahorrar lo suficiente y después regresar a El Salvador para instalar un negocio.
El muchacho tenía un pequeño negocio de venta de productos electrónicos y accesorios para teléfono, mientras que su hermano Irving había instalado un ciber café.
Sin embargo, las ventas habían bajado y esa fue la razón por la cual el joven había decidido migrar.
«Ambos pensaban ahorrar dinero y después regresar para instalar su propio negocio», aseguró un allegado.
«Es una situación difícil el no tener contacto con ellos… Tengo confianza en Dios que me dará las respuestas y me concederá ese milagro de escuchar y volverlos a ver», es la esperanza que mantiene un pariente.
Por: El Salvador Times.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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