Sucesos
Familiares viven el peor momento de sus vidas, al no saber nada de los hermanos Martínez Ortega, desaparecidos en su camino a EE.UU.
El pasado 5 de octubre, los hermanos Martínez Ortega, partieron con rumbo a Estados Unidos sin que hasta el momento sus parientes sepan de su paradero.
Desde ese momento no han tenido noticias de Nixon Isaac, de 25 años, y su hermano Irving Saúl, de 28; lo único que se sabe es que un «coyote» los llevaría de manera ilegal a Estados Unidos.
Sin embargo, al tercer día que los hermanos iban en ruta, el «coyote» con el que viajaban se comunicó con la familia para decirles: «Los muchachos se habían portado mal, no me anduvieron siguiendo, entonces se quedaron en Guadalajara (México)».
Desde ese momento, allegados a los jóvenes consideran que el sujeto de quien recibieron ese mensaje «los había dejado perdidos».
Una persona cercana a Nixon Isaac comentó que durante los 47 días que llevan desaparecidos han sido momentos de angustia por no saber nada de ellos.
«Es una situación difícil, no esperábamos eso y tampoco no hemos sabido nada de ellos… Es una angustia de todos los días», expresó un conocido de los muchachos.
«El no saber si están vivos o qué les pasó es algo que nos angustia. El padre de ellos que está en Estados Unidos está muy preocupado por ellos», comentó la misma fuente.
El padre de los jóvenes les proporcionó $12,000 para que pagaran un «coyote», al contactarlo este les dijo que les cobraría $16,000 ($8,000 por cada uno) por llevarlos hasta la puerta de la casa de su papá en Estados Unidos.
La preocupación obligó de los familiares a que reportar el caso a la Policía de La Libertad, esta ya es investigado como tráfico ilegal de personas.
Cuatro años para ahorrar y venir a instalar un negocio
Nixon es padre de un bebé de once meses quien ha quedado al cuido de la madre; el joven expresó a sus familiares que su objetivo de viajar a Estados Unidos es para trabajar durante cuatro años, ahorrar lo suficiente y después regresar a El Salvador para instalar un negocio.
El muchacho tenía un pequeño negocio de venta de productos electrónicos y accesorios para teléfono, mientras que su hermano Irving había instalado un ciber café.
Sin embargo, las ventas habían bajado y esa fue la razón por la cual el joven había decidido migrar.
«Ambos pensaban ahorrar dinero y después regresar para instalar su propio negocio», aseguró un allegado.
«Es una situación difícil el no tener contacto con ellos… Tengo confianza en Dios que me dará las respuestas y me concederá ese milagro de escuchar y volverlos a ver», es la esperanza que mantiene un pariente.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
