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Sepultan los restos del ingeniero asesinado por negarse a ser asaltado
El entierro del ingeniero Rigoberto Arnulfo, de 26 años, se realizó en el cementerio del cantón Joya de Cerén, del municipio de San Juan Opico, La Libertad. Cientos de personas participaron en los actos fúnebres, entre familiares, amigos, compañeros de estudio y vecinos que se mostraron consternados por el asesinato del profesional y del que exigieron justicia.
El hombre fue asesinado el pasado martes cuando se negó a que delincuentes lo asaltaran cerca de la Unidad de Salud del cantón Sitio del Niño, en el mismo municipio.
La comunidad religiosa del Instituto Emiliani Somasco, integrada por profesores y personal administrativo, también lamentaron la muerte del joven quien se graduó de bachiller en 2011, a la vez, expresaron el sentido pésame a la familia a través de su página de Facebook.
Orellana, quien se graduó de ingeniero de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), se disponía a pasar consulta cuando le salieron al paso unos sujetos que le exigieron les entregara su celular y el dinero en efectivo que portaba, al negarse a las exigencias de los criminales, fue atacado con arma de fuego y murió al instante.
Por su parte la PNC no reporta detenciones de los hechores los cuales ese día huyeron en un vehículo azul, el caso es investigado por las autoridades sin embargo no se registran detenciones.
«No puedo digerir esta lamentable noticia…»
Algunas amigas de Orellana expresaron por medios de las redes sociales su consternación, asimismo mostraron su cariño y aprecio deseándole que se encuentre en el cielo con el Todopoderoso.
«Es increíble… Todavía no puedo digerir esta lamentable noticia, pero no me cabe la mas mínima duda Rigo que estas descansando en los brazos del Altísimo… Hasta pronto amigo… Hasta pronto ingeniero», expresó una de sus compañeras.
«Rigo tuve la dicha de conocerte y conocer tu familia, por lo que eras no dudo que ya estas gozando de la presencia de Dios como buen hijo que fuiste pídele a Dios para que tus padres y demás familia tengan la fortaleza necesaria en estos momentos», fue otra opinión.
«Rigo fuiste mi mejor amigo cuando no tenía a nadie más (…) Te quise tanto, fuiste mi apoyo y mi ejemplo a seguir en tantas cosas (…) Sos y fuiste luz siempre (…) Te quiero», expresó otra de sus amigas.
Información tomada de El Salvador Times.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
