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“Quien salva un lobo, sacrifica a las ovejas”: Presidente Bukele a los protectores de pandilleros
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Presidente de la República Nayib Bukele confirmó un nuevo día con cero homicidios en El Salvador y destacó que a pesar de las críticas de algunos gobiernos y oenegeros, quienes exigen proteger a los pandilleros, “nosotros estamos para proteger a la población honrada, que por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir por primera vez en paz”, afirmó.
En el inicio del periodo feriado por las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo, entre el 30 de julio y el 2 de agosto no ha habido homicidios en el país, una constante que se mantiene gracias a las acciones desarrolladas con el Plan Control Territorial.
“Quien salva un lobo, sacrifica a las ovejas”, enfatizó el Jefe de Estado. El Gobierno mantiene la Guerra contra las pandillas para cuidar a los salvadoreños honrados ante la agresión sistemática que han mantenido estos grupos de criminales durante décadas.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, el 27 de marzo pasado, al 2 de agosto han sido capturados 48,494 pandilleros, se ha decomisado 1,198 armas de fuego, 1,427 vehículos, más de un millón de dólares producto de actividades ilícitas de los grupos terroristas, así como el equivalente a $230,000 en diferentes drogas.
El Salvador contabiliza 166 días sin homicidios en lo que va del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, y julio ha pasado a ser el mes más seguro en 200 años de historia del país al acumular 21 días sin asesinatos.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) mantienen en vigor operativos intensos en ciudades y la zona rural en busca de terroristas, que durante más de 30 años mantuvieron sometido al pueblo salvadoreño.
Por primera vez en 60 años, los salvadoreños están disfrutando de unas vacaciones agostinas con plena seguridad como resultado de las acciones de prevención y de intervención contra los pandilleros.
Las autoridades de Seguridad confirmaron una baja de todos los indicadores delictivos en El Salvador, entre estos los delitos de alto impacto como la extorsión.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
