Hace un año, el Presidente Nayib Bukele tomó la decisión de establecer un confinamiento estricto en todo el territorio. Al mismo tiempo tomó el compromiso de levantar la economía y así lo ha cumplido.

En marzo de 2020, para mantener al mínimo el riesgo de contagios, quedó establecido que solo las actividades categorizadas como esenciales podían seguir operando. Un año después, El Salvador avanza estable sobre la ruta de la recuperación, gracias al liderazgo del Presidente Bukele y al trabajo coordinado entre las instituciones.

La protección de la economía familiar fue una de las estrategias que se comenzó a implementar con mayor celeridad. El Gobierno preparó la entrega del bono de $300 por hogar para los sectores vulnerables. Además, se suspendió el pago de servicios como energía, agua potable y telecomunicaciones, con el propósito de que se pudiera después abonar en cuotas menores durante los meses siguientes.

En este mismo tema, el Gobierno estableció normativas especiales para los usuarios del sistema financiero. Las empresas y las personas que, por motivo de la pandemia, no pudieron abonar a sus créditos y préstamos, podían optar por un programa especial de pagos dentro de una cartera especial sin afectar su récord.

Otras acciones que tuvieron un impacto que se ha extendido hasta este año fueron la distribución de los paquetes alimentarios en todo el territorio, con sus diferentes presentaciones, y la protección de las cosechas agrícolas. Por instrucción del Presidente Bukele, la Defensoría del Consumidor también fortaleció su trabajo para evitar abusos por parte de los proveedores en tiempos de necesidad.

El Gobierno también emprendió acciones para proveer apoyo a las empresas de los diferentes sectores. La eficiencia y agilidad de las instituciones vinculadas con las actividades de comercio exterior marcó la diferencia para mantener surtido el mercado a través de las importaciones, así como para mantener fluidas las exportaciones autorizadas. En el camino, estas instancias gubernamentales continúan innovando para ser más ágiles.

En este mismo contexto, el Gobierno diseñó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de la Empresa Salvadoreña (FIREMPRESA), con tres componentes enfocados en proveer liquidez y cubrir a la mayor cantidad de unidades económicas posibles. Los diputados retrasaron la aprobación de la ley que rige al fideicomiso tanto como pudieron, además de que secuestraron el financiamiento. Sin embargo, el Gobierno logró superar estos obstáculos y ponerlo en marcha durante el último trimestre del año.

El éxito de FIREMPRESA fue tal que las autoridades decidieron ampliar su alcance para cubrir a más actividades productivas afectadas por el COVID-19. Este jueves 18 de marzo, las modificaciones propuestas por el Gobierno fueron confirmadas por el Legislativo, con lo que pronto se anunciarán las nuevas líneas de crédito y los subsidios.

En cuanto a empresas de diferentes tamaños, junto a la eficiencia en los trámites, fue determinante que el Gobierno mantuvo la inversión pública estratégica.

La contratación de empresas para funcionar como centros de contención, siempre y cuando cumplieran con requisitos puntuales, ayudó a que no cayeran en una situación más delicada por sus ingresos. Fue resultado de conversaciones directas con el sector privado. Muchos propietarios de negocios se sumaron de inmediato.

Las intervenciones para mejorar la red hospitalaria fue una de las acciones que tuvo mayor impacto tanto para los beneficiarios como para los encargados de materializar las mejoras. Desde obras de infraestructura hasta incorporación de mejores tecnologías, el Gobierno logró dignificar los servicios.

Fue similar en casos emblemáticos como la central hidroeléctrica 3 de Febrero, la construcción de viviendas, construcción de los periféricos ubicados en las tres zonas de mayor afluencia en el país, la ampliación de la terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional, la finalización exitosa del FOMILENIO II, más el apoyo a la modernización de cooperativas agrícolas.

En esta línea, el trabajo articulado de las instituciones facilitó las condiciones para estimular las inversiones privadas. Gracias a una temprana decisión de remover los obstáculos, fue posible liberar el equivalente a $1,300 millones en proyectos de energía y asignar un mayor espacio en el espectro radioeléctrico para mejorar la conectividad a internet.

Incluso frente al plan de la oposición política para tratar de ahogar financieramente al Ejecutivo con el secuestro de los préstamos –hasta dejaron perder tres operaciones–, ningún proyecto de alto impacto entró en pausa indefinida. El resultado es que los indicadores como empleos formales, exportaciones y confianza de los inversionistas comenzaron a recuperarse rápidamente después que la economía abrió por completo en agosto 2020.