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Presidente de Bandesal asegura no se cometieron irregularidades en otorgamiento de crédito a hermana de comisionada presidencial
El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, asisitió a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y negó que se hubiera cometido irregularidades en el otorgamiento de un crédito de $22 mil a la hermana de la comisionada presidencial, Carolina Recinos.
Asimismo negó que se tuviera un caso de conflicto de intereses en el crédito señalado.
«Es un crédito a una micro empresaria que fue al fondo de desarrollo económico, donde entregamos créditos a cientos de mujeres, es una de ellas que prestó $22 mil para un servicio de venta de comida», confirmó Durán.
El funcionario lamentó, lo que él considera, la manipulación que se le ha dado a la información en diferentes medios de comunicación que han informado sobre el caso.
«Invito a la Superintendencia del Sistema Financiero y con gusto podrá conocer todo el proceso seguido y habrá satisfacción plena que no ha habido nada que pueda reñir con la ética», agregó.
Durán también arremetió contra los periodistas que dieron a conocer el caso, «ninguna ley impide darle crédito a alguien por ser hija o nieta de un funcionario», declaró Durán.
En redes sociales, micro empresarios con negocios similares al relacionado al caso señalan que la respuesta que han obtenido al intentar aplicar a un crédito ha sido que están en una lista de espera.
A Recinos también se le señala de haber colocado a varios familiares en diferentes instituciones controladas por el Ejecutivo con jugosos salarios.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
