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Presidente Bukele: «Pedir pruebas PCR negativas a personas que ingresen a El Salvador es constitucional»
El Gobierno del presidente Nayib Bukele está facultado para normar el ingreso de las personas al país, de acuerdo al artículo 334 de la Ley especial de migración y extranjería, vigente desde el 25 de abril de 2019.
El inciso segundo del artículo en cuestión dice que al Ministerio de Salud le corresponde en materia migratoria «establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país».
En ese sentido, el abogado y notario de la República Carlos Hernández amplió que «la Sala de lo Constitucional no contempló lo establecido en el art 65 de la Constitución y la Ley Especial de Migración donde es clara la facultad del Ministerio de Salud de establecer requisitos sanitarios de ingreso al país» y subrayó que «su resolución exprés vulnera derecho de defensa».
Por su parte, el Presidente de la República, Nayib Bukele, hizo eco de tal publicación para recordar a la Corte que pedir pruebas PCR a las personas que viajen hacia el país no vulnera ningún derecho y es constitucional.
«Esto le pasa a la Sala de lo Constitucional, por hacer resoluciones exprés, a la medida del cliente, sin tener un documento oficial, basados en un chambre, a petición de un grupo de poder, dejarse redactar la sentencia, sacarla en dos horas y no consultar a Migración ni al Ministerio de Salud».
El Salvador suma un día más sin homicidios, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta oficial de X.
Las autoridades han señalado que logro en materia de seguridad refleja el compromiso del Estado en la lucha contra la violencia y el crimen organizado.
Finalizamos el martes 07 de mayo, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/UuP3YOUJfO
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 8, 2024
A lo largo de este año, el país ha mantenido una tasa de homicidios de 1.5 por cada 100,000 habitantes, en marcado contraste con la cifra de 2.4 registrada en el año 2023, que se considera el año más seguro del país.
Estos datos evidencian los avances en la reducción de la violencia en el país, resultado del trabajo conjunto de las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.
Los resultados de las acciones contra el dengue y otras arbovirosis mantienen en cero el índice de letalidades por esta enfermedades en el país, así lo detalló el ministro de Salud, Francisco Alabi.
El funcionario destacó que, a escala nacional, se mantienen las acciones de destrucción del zancudo y criaderos; además, se instruye a la población sobre las medidas preventivas a través de la promoción de la salud.
«Estamos en el territorio realizando todas las acciones antivectoriales para proteger a los salvadoreños de las arbovirosis. Como resultado de estas estrategias, mantenemos un índice del 0% en letalidades por dengue, además de no registrar casos de zika y chikungunya, a escala nacional», afirmó Alabi.
El Salvador ha superado los cuatro años sin muertes por dengue, y los casos se mantienen a la baja.
El titular del Minsal detalló la semana pasada que solo cinco pacientes estaban hospitalizados por dengue.
«A esta lucha debemos sumarnos todos desde nuestros hogares, para identificar y destruir criaderos de zancudos», exhortó Alabi.
La situación del país es favorable en comparación de la crisis que el dengue ha generado en naciones de la región de las Américas, según ha señalado el Ministerio de Salud (Minsal).
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
