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Presidente Bukele garantiza la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del sistema educativo público
Foto: Cortesía
El Presidente Nayib Bukele está en camino a cumplir otra de sus promesas, con la modernización transversal del sistema educativo público. Gracias a este proyecto, que ya está en marcha, todos los estudiantes podrán aspirar a un mejor futuro.
El Gobierno inició la puesta en marcha del programa Mi Nueva Escuela, que renovará la infraestructura de los centros escolares; pero, además, fomentará la inclusión y mejorará los programas formativos.
“Vamos a trabajar arduamente para garantizar igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados”, explicó el Presidente Bukele. Todos los alumnos van a estudiar en condiciones dignas con recursos accesibles, pero cada uno será el encargado de aprovechar esto para beneficio de su familia, su comunidad y del país.
Desde proveer seguridad ciudadana hasta la próxima instalación de internet abierto y gratuito en los centros escolares, el Gobierno está dando un respaldo que ninguna otra administración pública dio.
“Ya les quitamos las pandillas. Les dimos computadoras, les dimos internet y les estamos cambiando los libros de texto. Estamos capacitando a sus maestros y cambiando la currícula educativa. Estamos reconstruyendo las escuelas y cambiando el mobiliario y los libros: todo. ¿Qué hará la diferencia entre un resultado bueno y uno malo? La responsabilidad individual de cada uno”, subrayó el Presidente Bukele.
Algunos de los cambios que llegarán incluye la renovación del paquete de libros, para que tengan contenidos adaptados a los nuevos desafíos que plantea el siglo XXI.
De igual manera, tanto la infraestructura como el material complementario –como los libros– tendrán el componente de inclusión para los estudiantes con discapacidad.
Junto con el equipo de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, las instituciones trabajan para que puedan incluir a la primera infancia en esta transformación. En esa misma línea, está previsto darles equipos tecnológicos –como “minitablets” – a los niños que conforman este grupo (entre cero y ocho años).
El Gobierno ha incrementado la inversión en educación de $997 millones a más de $1,472 millones. En este monto va incluido el programa Enlaces con la Educación, que proporciona computadoras y tablets con acceso a internet a todos los alumnos de los centros escolares: ahí ya van invertidos al menos $400 millones.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
