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Presidente Bukele garantiza la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del sistema educativo público
Foto: Cortesía
El Presidente Nayib Bukele está en camino a cumplir otra de sus promesas, con la modernización transversal del sistema educativo público. Gracias a este proyecto, que ya está en marcha, todos los estudiantes podrán aspirar a un mejor futuro.
El Gobierno inició la puesta en marcha del programa Mi Nueva Escuela, que renovará la infraestructura de los centros escolares; pero, además, fomentará la inclusión y mejorará los programas formativos.
“Vamos a trabajar arduamente para garantizar igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados”, explicó el Presidente Bukele. Todos los alumnos van a estudiar en condiciones dignas con recursos accesibles, pero cada uno será el encargado de aprovechar esto para beneficio de su familia, su comunidad y del país.
Desde proveer seguridad ciudadana hasta la próxima instalación de internet abierto y gratuito en los centros escolares, el Gobierno está dando un respaldo que ninguna otra administración pública dio.
“Ya les quitamos las pandillas. Les dimos computadoras, les dimos internet y les estamos cambiando los libros de texto. Estamos capacitando a sus maestros y cambiando la currícula educativa. Estamos reconstruyendo las escuelas y cambiando el mobiliario y los libros: todo. ¿Qué hará la diferencia entre un resultado bueno y uno malo? La responsabilidad individual de cada uno”, subrayó el Presidente Bukele.
Algunos de los cambios que llegarán incluye la renovación del paquete de libros, para que tengan contenidos adaptados a los nuevos desafíos que plantea el siglo XXI.
De igual manera, tanto la infraestructura como el material complementario –como los libros– tendrán el componente de inclusión para los estudiantes con discapacidad.
Junto con el equipo de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, las instituciones trabajan para que puedan incluir a la primera infancia en esta transformación. En esa misma línea, está previsto darles equipos tecnológicos –como “minitablets” – a los niños que conforman este grupo (entre cero y ocho años).
El Gobierno ha incrementado la inversión en educación de $997 millones a más de $1,472 millones. En este monto va incluido el programa Enlaces con la Educación, que proporciona computadoras y tablets con acceso a internet a todos los alumnos de los centros escolares: ahí ya van invertidos al menos $400 millones.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
