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Presidente Bukele fortalecerá la investigación de crímenes con el objetivo de reducir la tasa de impunidad
El Presidente Nayib Bukele introdujo cambios en su estrategia de Seguridad Pública con el objetivo de reducir aún más los índices de criminalidad en El Salvador.
“La reducción histórica de homicidios y otros delitos nos da más capacidad y más recursos para investigar cada caso”, dijo el Presidente, cuando hizo los anuncios. “Con el nuevo Centro de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) vamos a tener más técnicas y herramientas”, subrayó además.
La puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT) desde julio de 2019 ha llevado a una reducción histórica de 80 % en la incidencia de homicidios. Sin embargo, aún persiste un 20 % de muertes violentas y también diferentes índices de otros crímenes como los secuestros, las extorsiones y los robos, entre otros. Aunque todos han bajado gracias al PCT, el Presidente Bukele busca dejarlos al mínimo.
En este mismo contexto, la expectativa del Ejecutivo es lograr que la tasa de impunidad que predomina en el país, baje. Si bien esto depende de la participación de otras instituciones, los esfuerzos investigativos son la clave para construir los casos en la etapa penal.
El cambio más significativo es la juramentación de Gustavo Villatoro como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Con esta maniobra, el Presidente sustituye a Rogelio Rivas, que fue quien dirigió el ramo de Seguridad desde junio 2019 a la fecha.
Villatoro inició en la gestión de Bukele como titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) y luego fue trasladado como titular de Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Antes de trabajar con la actual administración, fungió también como la cabeza de la DGA durante gobierno de 2004-2009.
Sin embargo, la experiencia de Villatoro es también dentro del área de seguridad. En la conferencia para anunciar su juramentación, Villatoro destacó que su labor en el área le permitió llevar a la cárcel a 1,185 secuestradores.
“No podemos poner un policía en cada casa”, dijo el mandatario. No obstante, pulirán los procesos de investigación para que sean más efectivos y propondrán mejoras a la normativa penal “para que quien tenga la intención de cometer el crimen se lo piense dos veces, porque lo vamos a buscar, y lo vamos a encontrar y nos aseguraremos de que pase toda la vida en la cárcel”, subrayó el jefe de Estado.
Algunos de los cambios que adelantó el Presidente, además de la modernización con el Centro de Investigaciones, son reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y “nuevas leyes” que sean necesarias. También apostarán por pulir los trabajos de investigación, de inteligencia y forenses.
“Gracias a Dios con la nueva Asamblea Legislativa vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la legislación que necesitamos”, explicó el Presidente.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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