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Presidente Bukele destaca decisión de la Sala de lo Constitucional por reabrir el caso de la masacre de los Jesuitas de la UCA
El Presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que se está dando un paso importante a la justicia del caso de la masacre de los sacerdotes Jesuitas y dos colaboradoras de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, por la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de reabrir el caso ante los tribunales salvadoreños, luego del bloqueo histórico que mantuvo en la impunidad el hecho, luego de 32 años.
“Hay que enviar un mensaje claro que en nuestro país no se tolerará la impunidad, y que no es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno ordenen masacres y que el crimen pase en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia durante más de tres décadas”, manifestó el Presidente Bukele.
El mandatario destacó la decisión de la Sala de lo Constitucional, en ordenar a la Sala de lo Penal, reabrir el caso de la masacre de los Jesuitas en un plazo de 10 días; ya que los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional invalidaron la resolución de septiembre de 2020, en la que resolvieron inconstitucional los recursos de casación interpuestos, por la defensa de los imputados, que pretendía dejar en la impunidad el hecho que dejó seis sacerdotes jesuitas asesinados y dos colaboradoras.
“De ahora en adelante no se tolerará ningún crimen, por más alto que sea la persona que lo cometa. Es algo que nos compete a todos, no solo por la lucha y la búsqueda perpetua de la justicia, es un mensaje que no solo se va a buscar a las personas de abajo, que también se va a perseguir, pero a mayor crimen y a mayor el cargo, mayor la pena y la repercusión que debe de pagar por haber cometido esos crímenes”, añadió.
El Presidente Bukele enfatizó que se está enviando un mensaje positivo a la comunidad nacional e internacional, que El Salvador está por la justicia y está luchando por conseguir justicia en este y otros casos que se mantienen en la impunidad, por la complicidad del anterior sistema judicial.
“Es importante mencionar esto porque es un hito en la historia, porque para poder cerrar esa historia debe haber justicia y reparación”, añadió el jefe de Estado.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
