Nacionales
PREOCUPANTE: En El Salvador aumenta el número de menores abusadas sexualmente, según estudios del CONNA
Cada tres horas, una menor de edad es sometida y violada en El Salvador. El 51 % de los delitos sexuales ocurren en casas conocidas y a manos de sus padres o padrastros.
Estos datos fueron revelados por autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna) quien confirmó los casos durante el 2018.
La directora del Conna, Zaira Navas, confirmó que ese año hubo 1,847 niñas (hasta los 14 años) que fueron violadas. A eso se le agrega que 1,258 adolescentes, entre los 15 y 17 años, fueron víctimas de estupro.
En ambos rubros la sumatoria dejó como resultado 3,105 casos en un año, es decir, un promedio diario de ocho ataques sexuales.
La mayoría de las violaciones ocurrieron en las viviendas donde residen las víctimas, pero también donde habitan familiares. Los responsables, como dato peculiar del estudio, son los progenitores o padrastros.
“En su mayoría ocurren (las violaciones) por los compañeros de vida de las madres, lamentablemente (también) por los padres; la familia debe ser el entorno protector, los abuelos, los hermanos, tíos o personas en las que dejan a los niños bajo el cuidado y en algunos casos maestros de las escuelas”, explicó la directora.
Se ha detectado otro problema, indicó Navas, y es que se han reportado casos de abusos sexuales de parte de profesores de centros educativos en contra de alumnos con alguna discapacidad física o de otro tipo.
Debido a que los principales involucrados en violaciones a menores son los familiares, dijo Navas, es necesario que se imparta la educación sexual adecuada.
“Podemos detectar que el niño y la niña no se siente cómodo con alguna persona con la que se encuentra, si el niño o la niña no quiere quedarse ahí. Hay diferentes expresiones de los niños que hacen que un padre o una madre puedan detectar que el niño tiene miedo, que algo está pasando y que quiere su atención”, detalló la funcionaria.
Pidió a los padres de familia creerles a sus hijos cuando estén denunciado una situación de esa magnitud porque de esa manera se ayuda acabar cuanto antes con la situación.
“Les pedimos a los padres creerles, escucharles, poner la denuncia y acompañarles en ese proceso”, agregó.
123, número telefónico para denunciar
La institución ha habilitado una línea telefónica, con el número 123, para que ya sean los padres, otras personas o incluso los niños quienes puedan realizar las denuncias a la institución y ellos se van a encargar de hacer las coordinaciones respectivas.
“Pueden contar su caso, es absolutamente confidencial. Es una línea que permite que los niños y las niñas se comuniquen, que reciban atención psicológica, pueden hablar con trabajadores sociales, abogados, pueden poner su denuncia, pero también pueden acudir a cualquiera de las 16 sedes de las Juntas de Protección (una en cada departamento y tres en San salvador)”, dijo Navas.
En la atención que se da a la población a través de la línea, se ha establecido que quienes más denuncias han interpuesto son los familiares de la víctima y no necesariamente los afectados.
Otra de las fuentes de denuncias son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, este último a través del sistema hospitalario, al reportar los casos que les estén llegando.
“Hay que presentar las denuncias ante las Juntas de Protección para que ese niño o esa niña reciba una medida de protección”, agregó.
Navas comentó que el Conna está trabajando de la mano con la Policía para efectuar los procedimientos respectivo.
Por El Salador Times.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
