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PNC y VMT verifican cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el transporte público
Funcionarios de Gobierno verificaron el respeto de las medidas de bioseguridad en el transporte público en las zonas de Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador y otro en la carretera Panamericana del sector conocido como Las Delicias, en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Estas acciones ejecutadas la mañana de este martes y coordinadas entre elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte, son para vigilar el fiel cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en todas las unidades de transporte colectivo, que es uno de los lugares donde las personas están más propensas a adquirir el Covid-19.
“Estamos registrando alrededor de 300 casos diarios de coronavirus, este es un número importante, tenemos la responsabilidad todos los salvadoreños de seguir respetando las medidas”, aseguró el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
El funcionario detalló, que desde la reactivación de la economía el 24 de agosto de 2020, se han impuesto más de 9,000 esquelas al sector transporte colectivo por diferentes causas, incluyendo la saturación de unidades, que es uno de los temas relacionados con la bioseguridad y el control del Covid-19 en el país. Dichas multas ascienden a un monto aproximado de $400,000.
“Sabemos que el transporte público es un foco de contagio de Covid-19 y por eso se hace necesario redoblar todos los esfuerzos para que se cumplan las medidas como el uso de mascarillas”, concluyó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
En horas de la madrugada de hoy, el Ministerio de Salud reportaba 47,355 casos de Covid-19 en El Salvador y de los cuales se han logrado recuperar 42,225, por lo que se mantienen activos 3,757 y hasta el momento 1,373 personas perdieron la vida por complicaciones de esa enfermedad. En las últimas 24 horas se reportaron 268 y nueve fallecidos.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
