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PNC proyecta bajar la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes al cierre de 2020
La tendencia de las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) para el cierre de 2020 señala que se tendrá una tasa de 21 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual constituye una evidente reducción de la criminalidad. Esto como resultado del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Esa proyección para el final de 2020 significa que la tasa de homicidios bajaría de 36 homicidios a 21 por cada 100,000 habitantes.
Esta tasa se constituiría en la más baja registrada en las últimas dos décadas, según las estadísticas oficiales de la Policía.
En 2015, cuando gobernaba el Fmln, El Salvador registró una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, considerada la más alta en las últimas décadas. Pero eso no fue todo, en 2016 se tuvo 81, en 2017 fue de 60, y en 2018, 50. Esos índices de homicidios ubicaron a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. Los turistas extranjeros eran advertidos por sus gobiernos de los riesgos existentes al visitar el país.
La tasa de homicidios más baja obtenida en los pasados gobiernos fue en 2012 y 2013 en plena tregua entre grupos criminales promovida por el primer gobierno del Fmln. Las tasas oscilaron entre 40 y 41 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Con la implementación del Plan Control Territorial del Gobierno del Presidente Bukele, los salvadoreños han sido testigos de la disminución de los delitos como asesinatos de mujeres, extorsiones, hurto y robo de vehículos, y reporte de personas desaparecidas.
El control de los territorios por parte de la Policía ha permitido la baja de un 46.3% en la cifra de los homicidios entre el 1 de enero y el 27 de noviembre.
La operatividad de la Policía y de la Fuerza Armada de El Salvador, así como el orden y control aplicado al interior de los Centros Penales han sido determinantes en la disminución en los índices de criminalidad durante la actual gestión presidencial.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
