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Paso a desnivel de San Juan Opico presenta un avance del 80% de construcción
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en los últimos detalles del paso a desnivel de San Juan Opico, en La Libertad. La proyección es habilitarlo en el primer trimestre del año. Las autoridades del MOP informaron que se lleva un avance del 80 % de la construcción.
«Ya pavimentamos la última rampa del paso a desnivel ¿por qué no hemos habilitado el tráfico en este momento? Principalmente, porque estamos garantizando el control de calidad, la resistencia del concreto que se ha colocado en esa zona», explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Son aproximadamente 15 días los que se deben esperar para garantizar la resistencia del concreto. Posteriormente, también se harán tareas de señalización en la zona.
«Ya empezamos a poner separadores en todo el paso a desnivel. Y esperaríamos que a más tardar la última semana de febrero ya tengamos carros circulando por el paso a desnivel», indicó el funcionario.
El paso elevado se construye con una inversión de $17 millones, y con ella se mejorará la conectividad entre Santa Ana y San Salvador, así como Opico y sectores aledaños, que enfrentan congestionamiento vehicular al pasar por un redondel.
Con esta obra ya no se tendrá que utilizar el redondel, ya que lo harán a través de un paso elevado que va a mejorar el flujo de más de 46,000 vehículos que en promedio diario transitan por este lugar.
Como parte del proyecto, un tramo de la vía principal se amplió a seis carriles, tres por sentido. Estos ya fueron construidos y ya se encuentra habilitado el paso por ellos.
Este paso a desnivel empalmará la ampliación de 15 kilómetros de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros de cuatro a ocho carriles en la mayoría de tramos, y la construcción de un viaducto a ocho carriles.
El viaducto y ampliación de la vía se encuentran actualmente en proceso de licitación, las ofertas de las empresas interesadas en participar en la ejecución fueron presentadas el pasado 1 de febrero.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
