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Paso a desnivel de San Juan Opico presenta un avance del 80% de construcción
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabaja en los últimos detalles del paso a desnivel de San Juan Opico, en La Libertad. La proyección es habilitarlo en el primer trimestre del año. Las autoridades del MOP informaron que se lleva un avance del 80 % de la construcción.
«Ya pavimentamos la última rampa del paso a desnivel ¿por qué no hemos habilitado el tráfico en este momento? Principalmente, porque estamos garantizando el control de calidad, la resistencia del concreto que se ha colocado en esa zona», explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Son aproximadamente 15 días los que se deben esperar para garantizar la resistencia del concreto. Posteriormente, también se harán tareas de señalización en la zona.
«Ya empezamos a poner separadores en todo el paso a desnivel. Y esperaríamos que a más tardar la última semana de febrero ya tengamos carros circulando por el paso a desnivel», indicó el funcionario.
El paso elevado se construye con una inversión de $17 millones, y con ella se mejorará la conectividad entre Santa Ana y San Salvador, así como Opico y sectores aledaños, que enfrentan congestionamiento vehicular al pasar por un redondel.
Con esta obra ya no se tendrá que utilizar el redondel, ya que lo harán a través de un paso elevado que va a mejorar el flujo de más de 46,000 vehículos que en promedio diario transitan por este lugar.
Como parte del proyecto, un tramo de la vía principal se amplió a seis carriles, tres por sentido. Estos ya fueron construidos y ya se encuentra habilitado el paso por ellos.
Este paso a desnivel empalmará la ampliación de 15 kilómetros de la carretera Panamericana, tramo Los Chorros de cuatro a ocho carriles en la mayoría de tramos, y la construcción de un viaducto a ocho carriles.
El viaducto y ampliación de la vía se encuentran actualmente en proceso de licitación, las ofertas de las empresas interesadas en participar en la ejecución fueron presentadas el pasado 1 de febrero.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
