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OFENSIVA DE PANDILLAS – Padre muere al intentar rescatar a su hijo de las garras de unos niños descuartizadores
Niños pandilleros raptaron a su hijo y a un vecino, él intenta rescatarlos, descubre que estos han sido decapitados y terminan asesinándolo
El padre decidió no dar aviso a las autoridades sobre la privación de libertad de su hijo y un vecino e intentó rescatarlos de las manos de los delincuentes que para no dejar testigos decidieron asesinarlo.
Niños pandilleros raptan a su hijo y a un vecino, él intenta rescatarlos, descubre que estos han sido decapitados y terminan asesinándolo
Un hombre intentó rescatar a su hijo y a un vecino que habían sido raptados por pandilleros, cuando este llegó al lugar descubrió que estos habían sido decapitados. Los delincuentes para no dejar testigos también asesinaron al hombre.
Según versiones policiales, eso es lo que sucedió el pasado 6 de enero en Atiquizaya, donde murieron dos hombres y un menor de edad. El crimen, al parecer, está relacionado con disputa territorial de dos pandillas.
La versión policial señala que Manuel Enrique Tobar Chávez, de 44 años, salió a recoger leña junto a su hijo Manuel Humberto Tobar Morales, de 20 años, y un vecino José S., de 15. En el camino, fueron privados de libertad por delincuentes, entre los que se encuentran niños de pandillas.
El parte policial estableció que en un primer momento Tobar Morales y José fueron los únicos que fueron raptados y posteriormente ejecutados por los delincuentes en la línea férrea de San Juan La Ceiba, calle al Refugio, de la referida zona del occidente del país.
Hasta el momento, las autoridades no encuentran explicación por la forma en la que los asesinos actuaron con Tobar Chávez, quien incluso llegó a su casa a dejar la leña en momentos en los que su hijo era decapitado.
El hombre de 44 años le manifestó a sus otros familiares de que «tenía un problema» y regresó al lugar donde supuestamente tenían privados de libertad a su hijo y vecino a quienes los victimarios interrogaron y torturaron previo a la ejecución.
Con la esperanza de encontrarlos vivos, el hombre decidió no dar aviso a las autoridades y se dirigió al lugar en el que encontró a los pandilleros, quienes para no dejar cabos sueltos decidieron asesinarlo de una manera menos sanguinaria.
«Los dos jóvenes fueron amarrados de los brazos, pies y decapitados con machete, mientras que el padre del joven de 20 años, presentaba heridas de la misma arma en el cuerpo», explicó la fuente.
Las investigaciones preliminares señalan que el joven de 20 años estaba perfilado como integrante del barrio 18 Revolucionarios. Los tres residían en una zona que es considerada marginal y de extrema pobreza.
Fuentes policiales señalaron que se tiene información que los ejecutores de este hecho son miembros de la pandilla MS, quienes quieren regresar a la zona de la que fueron obligados a salir hace unos años.
La versión señala que los delincuentes utilizaron machetes para decapitar a los dos jóvenes para dejar un mensaje a los cabecillas de la pandilla contraria por el acoso al que los han venido sometiendo durante las últimas semanas.
«Estamos ante una iniciación de descuartizadores, la información que tenemos que la pandilla está entrenando a unos niños a descuartizar personas, esta masacre es un sanguinario rito de iniciación de asesinos en serie¨, aseguró una fuente policial a este medio noticioso.
En tanto, en la base de datos de la corporación policial no se registran capturas por este hecho.
Nota tomada de El Salvador Times
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
