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Ministro Rolando Castro responde a la Prensa Gráfica
Luego que el ministro de trabajo, Rolando Castro, publicara en sus redes parte de un entramado mediático, dirigido por el empresario Roberto Dutriz, presidente del Grupo Dutriz, el medio publicó una nota en donde afirman que el Ministro “lanzó amenazas contra el director de la Prensa Gráfica”.
El Ministro, quien en las últimas horas ha sido atacado mediáticamente desde diferentes ángulos, respondió casi de inmediato.
“No he enviado ninguna amenaza contra Roberto Dutriz solo dije que voy a visibilizar el entramado mediático sucio que siempre elaboró con Fito Salume y también dije que por la pluma pagada de su panfleto LPG hay mucha gente inocente con procesos judiciales”.
Y agregó en su publicación en redes sociales.
“Otros están en la cárcel y otros han fallecido y nunca limpiaron su imagen después que Dutriz se las ensució, debido a la publicación de su panfleto donde desnaturalizan la veracidad de los hechos.
Muchas personas víctimas de Roberto Dutriz y su panfleto me han buscado y me dicen que conformarán un “Comité de víctimas de La Prensa Grafica”, que han sido calumniados, injuriados y difamados por Roberto Dutriz y su panfleto y este comité me dicen que recurrirá a los tribunales competentes de este país”, afirmó el ministro Castro.
“Es por ello es que yo he dicho que Roberto Dutriz debe enfrentar la justicia. Siempre y cuando los tribunales competentes califiquen estos actos como delitos, yo estoy convencido que todo funcionario público o persona natural si comete delito,debe procesarse y si este es culpable debe ir a la cárcel. Sea quién sea”, advirtió en tono firme el ministro Castro.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
