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Ministro Rolando Castro responde a la Prensa Gráfica
Luego que el ministro de trabajo, Rolando Castro, publicara en sus redes parte de un entramado mediático, dirigido por el empresario Roberto Dutriz, presidente del Grupo Dutriz, el medio publicó una nota en donde afirman que el Ministro “lanzó amenazas contra el director de la Prensa Gráfica”.
El Ministro, quien en las últimas horas ha sido atacado mediáticamente desde diferentes ángulos, respondió casi de inmediato.
“No he enviado ninguna amenaza contra Roberto Dutriz solo dije que voy a visibilizar el entramado mediático sucio que siempre elaboró con Fito Salume y también dije que por la pluma pagada de su panfleto LPG hay mucha gente inocente con procesos judiciales”.
Y agregó en su publicación en redes sociales.
“Otros están en la cárcel y otros han fallecido y nunca limpiaron su imagen después que Dutriz se las ensució, debido a la publicación de su panfleto donde desnaturalizan la veracidad de los hechos.
Muchas personas víctimas de Roberto Dutriz y su panfleto me han buscado y me dicen que conformarán un “Comité de víctimas de La Prensa Grafica”, que han sido calumniados, injuriados y difamados por Roberto Dutriz y su panfleto y este comité me dicen que recurrirá a los tribunales competentes de este país”, afirmó el ministro Castro.
“Es por ello es que yo he dicho que Roberto Dutriz debe enfrentar la justicia. Siempre y cuando los tribunales competentes califiquen estos actos como delitos, yo estoy convencido que todo funcionario público o persona natural si comete delito,debe procesarse y si este es culpable debe ir a la cárcel. Sea quién sea”, advirtió en tono firme el ministro Castro.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
