Nacionales
Ministro de Trabajo logró que alcaldía de Santa Tecla inicie proceso para reinstalar a empleados despedidos por Teclaseo
Luego de 33 meses de lucha que siguió Rolando Castro en apoyo a los empleados despedidos el 31 de julio de 2018 de la alcaldía de Santa Tecla para dale vida a la empresa pública privada Teclaseo, que se encargaría de la recolección de la basura de ese municipio, este jueves 11 de marzo comienza el proceso de reinstalo del grupo de empleados que ordenó el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo.
El anuncio fue dado a conoce por medio de la cuenta de Twitter de la alcaldía de Santa Tecla, donde se convoca a los exempleados que están en el proceso de reinstalo ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo.
Este grupo tiene que presentarse este jueves a partir de las 10 de la mañana en la sala de capacitaciones de la referida alcaldía, donde personeros de la comuna tecleña les van a informar dónde serán reubicados.
La alcaldía también informó sobre otro proceso de reinstalo de trabajadores que fue ordenado por el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo, por lo que se va a convocar a este grupo en los próximos días.
En ambos casos, los jueces ordenaron que se entregue varios meses de salarios en concepto de indemnización.
Fueron 150 empleados del área de recolección de desechos sólidos los despedidos por Roberto d´Aubuisson y desde ese momento buscaron apoyo con el Ministerio de Trabajo, ASTRAM, PDDH y vía judicial para buscar su reinstalo; sin embargo, pese a que 71 de ellos ganaron su proceso judicial, el alcalde d´Aubuisson se negó en devolver su plaza y buscó dilatar el proceso por medio de recursos que fueron denegados por los tribunales.
Finalmente, la Sala de lo Constitucional le dio el tiro de gracia a Roberto d´Aubuisson y, con los tribunales, le dieron un plazo perentorio para que reinstale a los despedidos.
La labor profesional de las distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) ha permitido la captura de al menos 17 presuntos homicidas entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, todos vinculados a crímenes relacionados con hechos de intolerancia social.
Uno de los casos más recientes es el de Julio Alberto Zomoza Bonilla, de 35 años, acusado de asesinar a un hombre de 54 años cuyo cuerpo fue localizado en un cañal de Atiquizaya, Ahuachapán. De acuerdo con las investigaciones, el crimen se originó tras amenazas mutuas entre víctima y agresor. La víctima tenía antecedentes por homicidio y había cumplido una condena de 11 años en prisión.
En otro hecho, ocurrido en la comunidad El Guarumo, Cojutepeque (Cuscatlán), fue arrestado José Carlos Flores Hernández, quien atacó con un corvo a su pareja tras una discusión, causándole graves lesiones en la cabeza y las manos.
Asimismo, en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, fue detenido Elmer Antonio Ayala Solórzano, señalado de causar la muerte de un hombre con quien compartía bebidas alcohólicas, tras golpearlo y atacarlo con un corvo.
En San Salvador, la PNC capturó a Moisés Acosta Lemus, de 44 años, acusado de herir con arma blanca a otro hombre durante una reunión en la zona entre la 20ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II.
Otro arresto relevante ocurrió en la colonia Turcios, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde Edelmer José Pastora Rivera, de nacionalidad nicaragüense, fue detenido por disparar contra dos compañeros durante una discusión. La PNC informó que al momento del arresto se le incautó un revólver con el que habría perpetrado el ataque.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la impunidad. “Lo hemos dicho claro: vamos a perseguir a todos aquellos que atenten contra la vida de los salvadoreños y vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, afirmó.
El funcionario también destacó la captura de Cristian Antonio Segovia Flores, acusado de cometer un homicidio el pasado 4 de febrero en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
A las detenciones de este año se suma la de Inés de Jesús Zavala Bonilla, arrestado por orden judicial en Zacatecoluca, La Paz, por un homicidio agravado ocurrido en 2003. Según la PNC, el sujeto disparó contra la madre de la víctima durante una discusión, y uno de los proyectiles impactó a una niña de seis años, causándole la muerte. Zavala fue capturado en febrero de este año en San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután.
La PNC reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la reducción de la impunidad en los crímenes que atentan contra la vida de los salvadoreños.
Santos Margarito Mancía Escobar fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta que había sido hurtada horas antes en Candelaria de La Frontera, en el departamento de Santa Ana.
Según el informe policial, el delito fue cometido la madrugada del lunes en la avenida Domingo Peñate y 7ª calle Oriente del mismo municipio. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el sospechoso se acerca al lugar y posteriormente huye con el vehículo.
“La víctima interpuso la denuncia y de inmediato rastreamos diferentes puntos”, indicó la PNC. El sospechoso fue localizado en el kilómetro 86 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Zacamil, aún conduciendo la motocicleta sustraída.
Al notar la presencia policial, Mancía Escobar intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y detenido. Será procesado por el delito de hurto agravado, informó la corporación policial.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
