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Ministro de Trabajo logró que alcaldía de Santa Tecla inicie proceso para reinstalar a empleados despedidos por Teclaseo
Luego de 33 meses de lucha que siguió Rolando Castro en apoyo a los empleados despedidos el 31 de julio de 2018 de la alcaldía de Santa Tecla para dale vida a la empresa pública privada Teclaseo, que se encargaría de la recolección de la basura de ese municipio, este jueves 11 de marzo comienza el proceso de reinstalo del grupo de empleados que ordenó el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo.
El anuncio fue dado a conoce por medio de la cuenta de Twitter de la alcaldía de Santa Tecla, donde se convoca a los exempleados que están en el proceso de reinstalo ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo.
Este grupo tiene que presentarse este jueves a partir de las 10 de la mañana en la sala de capacitaciones de la referida alcaldía, donde personeros de la comuna tecleña les van a informar dónde serán reubicados.
La alcaldía también informó sobre otro proceso de reinstalo de trabajadores que fue ordenado por el Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo, por lo que se va a convocar a este grupo en los próximos días.
En ambos casos, los jueces ordenaron que se entregue varios meses de salarios en concepto de indemnización.
Fueron 150 empleados del área de recolección de desechos sólidos los despedidos por Roberto d´Aubuisson y desde ese momento buscaron apoyo con el Ministerio de Trabajo, ASTRAM, PDDH y vía judicial para buscar su reinstalo; sin embargo, pese a que 71 de ellos ganaron su proceso judicial, el alcalde d´Aubuisson se negó en devolver su plaza y buscó dilatar el proceso por medio de recursos que fueron denegados por los tribunales.
Finalmente, la Sala de lo Constitucional le dio el tiro de gracia a Roberto d´Aubuisson y, con los tribunales, le dieron un plazo perentorio para que reinstale a los despedidos.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
