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Ministro de Hacienda señaló que los diputados actúan de manera inconsecuente con la propuesta de interpelación
Los diputados de la comisión legislativa que analiza los fondos externos que ingresaron al país durante la emergencia por el COVID-19 propondrá interp”elar al titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya, pero el funcionario expresó que esta decisión de los legisladores es inconsecuente y sin justificación
“Estará interesante esa interpelación”, consideró Zelaya. “Tal vez allí logro que discutamos los fondos para nuestros productores agrícolas y los medicamentos e insumos del Hospital Nacional El Salvador”, comentó Zelaya, en tono irónico.
La solicitud para intepelarlo todavía no se ha impulsado de manera formal, pero hay acuerdo en el bloque ARENA, FMLN y Rodolfo Párker para hacerlo. Cuando los medios publicaron sobre esta maniobra, Zelaya manifestó, en el mismo tono de ironía: “‘También promoverán que se aprueben inmediatamente los fondos para el rescate de las mipymes’”… Ah, no. Eso no: para eso no hay tiempo”, criticó Zelaya.
El ministro se refiere a los más de US$ 205 millones que ya fueron solicitados para asignación presupuestaria en la Asamblea Legislativa y que se dirigirán al subsidio de media planilla para las mipymes, comprar productos a los agricultores y también para que el Hospital Nacional El Salvador finalice sus operaciones durante 2020. Los diputados ya van para tres meses sin aprobar estas incorporaciones de fondos.
En cambio, ahora que el pago de los salarios de la Asamblea Legislativa se retrasó un día, los diputados han usado distintas tácticas para ejercer presión sobre el Ejecutivo.
“Para ellos (diputados) el pueblo va por último”, criticó Zelaya.
El funcionario ya hizo una propuesta para comenzar a transferir salarios y darle prioridad a los trabajadores, pero no ha sido aceptada por las autoridades de ese Órgano de Estado.
De acuerdo con los diputados de esa comisión, Zelaya tenía la obligación de acudir este viernes 2 de octubre a la Asamblea para hablar sobre los referidos fondos, pero el funcionario ya se había manifestado con anticipación sobre que no asistiría por otros compromisos laborales.
Luego de que fue requerido con apremio y participación de la Policía Nacional Civil (PNC), el director de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, comunicó a la comisión de que los motivos para no asistir estaban justificados.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
