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Ministerio de Trabajo atienden a empleados de empresa que cerró sin aviso
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó ayer que personal de la institución que dirige brindaron atención a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V, quienes encontraron las instalaciones cerradas sin explicación alguna, afectando a un aproximado de 1,000 personas.
«En este momento estamos atendiendo a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V ya que ha cerrado sus instalaciones sin brindar explicación a sus colaboradores», escribió el funcionario en Twitter.
Además, Castro solicitó la intervención del procurador general de la República, René Escobar, para que se apliquen medidas cautelares a favor de los trabajadores y garantizar que todos sus activos sirvan de garantía para el cumplimiento de los derechos de estos trabajadores.
Esto debido a que el cierre repentino de las instalaciones de la empresa también implicó que con ninguno de los empleados se realizaron los respectivos procesos de cesación de contrato e indemnización.
En este momento estamos atendiendo a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V ya que ha cerrado sus instalaciones sin brindar explicación a sus colaboradores, le solicito su intervención Sr Procurador @ReneEscobarA a fin de solicitar medidas cautelares en (HILO) pic.twitter.com/MniRw2JqBs
— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) August 31, 2022
Al respecto, el procurador Escobar, informó que personeros de la institución acudieron a las instalaciones de la empresa para poner a disposición de los afectados los servicios de tutela.
«Ministro, en estos momentos nuestro equipo de la Procuraduría General de la República se coordina para garantizar los derechos del personal de la empresa APS El Salvador. Cuente con nuestro compromiso para promover las acciones legales que sean necesarias», manifestó.
La compañía que se dedica al rubro de maquila se encuentra ubicada en la zona franca de San Bartolo en Ilopango y según su página web opera en el país desde 1993. Su rubro principal es la fabricación de productos textiles como ropa deportiva, ropa interior y trajes de baño.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
