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Ministerio de Trabajo atienden a empleados de empresa que cerró sin aviso
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó ayer que personal de la institución que dirige brindaron atención a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V, quienes encontraron las instalaciones cerradas sin explicación alguna, afectando a un aproximado de 1,000 personas.
«En este momento estamos atendiendo a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V ya que ha cerrado sus instalaciones sin brindar explicación a sus colaboradores», escribió el funcionario en Twitter.
Además, Castro solicitó la intervención del procurador general de la República, René Escobar, para que se apliquen medidas cautelares a favor de los trabajadores y garantizar que todos sus activos sirvan de garantía para el cumplimiento de los derechos de estos trabajadores.
Esto debido a que el cierre repentino de las instalaciones de la empresa también implicó que con ninguno de los empleados se realizaron los respectivos procesos de cesación de contrato e indemnización.
En este momento estamos atendiendo a los trabajadores de la empresa APS El Salvador S.A de C.V ya que ha cerrado sus instalaciones sin brindar explicación a sus colaboradores, le solicito su intervención Sr Procurador @ReneEscobarA a fin de solicitar medidas cautelares en (HILO) pic.twitter.com/MniRw2JqBs
— Rolando Castro (@RolandoCastroSv) August 31, 2022
Al respecto, el procurador Escobar, informó que personeros de la institución acudieron a las instalaciones de la empresa para poner a disposición de los afectados los servicios de tutela.
«Ministro, en estos momentos nuestro equipo de la Procuraduría General de la República se coordina para garantizar los derechos del personal de la empresa APS El Salvador. Cuente con nuestro compromiso para promover las acciones legales que sean necesarias», manifestó.
La compañía que se dedica al rubro de maquila se encuentra ubicada en la zona franca de San Bartolo en Ilopango y según su página web opera en el país desde 1993. Su rubro principal es la fabricación de productos textiles como ropa deportiva, ropa interior y trajes de baño.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
