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Mejoran los niveles de empleo formal y superan los de 2019, como efecto de la rápida recuperación económica
La cantidad de trabajadores inscritos para la Seguridad Social continúa en incremento, en sintonía con el ritmo de recuperación de la economía salvadoreña. Estos son los resultados de las políticas expansivas que ha implementado el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para que las empresas puedan retomar sus actividades.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reportó que hasta septiembre de este año había 897,870 trabajadores reportados, una cantidad superior a lo que se tenía registrado en febrero 2020 y en junio 2019, dos fechas representativas de cómo estaba la economía antes de que comenzaran los contagios de COVID-19 en el país.
Este dato es uno de los que respalda las proyecciones que hizo el Gobierno para el cierre de 2021. La expectativa es que se puedan recuperar los niveles de producción, consumo e inversión que había durante los meses previos a la pandemia.
En ese mismo sentido, el ISSS consignó que “a octubre 2021, se han inscrito 83,579 trabajadores, 76 % más que el mismo periodo del año anterior y 25 % más que el 2019 que fue un año normal, sin pandemia”. Estas cifras restan validez a las voces que se opusieron al aumento del 20 % en el salario mínimo, bajo el argumento de que afectaría al empleo formal. El ISSS insiste: “Se trata de trabajadores que por primera vez entran al mercado de trabajo y, por tanto, a la cobertura de la Seguridad Social”.
El Gobierno ha sostenido la inversión pública estratégica para estimular las actividades económicas. También ha trabajado en mejorar las condiciones para invertir y hacer negocios en el país, con una constante modernización del Estado, garantías jurídicas y una gestión eficiente para desarrollar proyectos.
Los niveles de empleo también están favorecidos por la ejecución de la inversión privada, que puede superar los $2,000 millones este año. El aumento de las exportaciones también facilita que las empresas requieran de más colaboradores.
Para el próximo año, el Gobierno continuará la planificación con $1,700 millones en el plan de inversión pública, para que así haya más impulsos adicionales a la inversión local, en beneficio de las oportunidades de empleo.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
