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Mejoran los niveles de empleo formal y superan los de 2019, como efecto de la rápida recuperación económica
La cantidad de trabajadores inscritos para la Seguridad Social continúa en incremento, en sintonía con el ritmo de recuperación de la economía salvadoreña. Estos son los resultados de las políticas expansivas que ha implementado el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para que las empresas puedan retomar sus actividades.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reportó que hasta septiembre de este año había 897,870 trabajadores reportados, una cantidad superior a lo que se tenía registrado en febrero 2020 y en junio 2019, dos fechas representativas de cómo estaba la economía antes de que comenzaran los contagios de COVID-19 en el país.
Este dato es uno de los que respalda las proyecciones que hizo el Gobierno para el cierre de 2021. La expectativa es que se puedan recuperar los niveles de producción, consumo e inversión que había durante los meses previos a la pandemia.
En ese mismo sentido, el ISSS consignó que “a octubre 2021, se han inscrito 83,579 trabajadores, 76 % más que el mismo periodo del año anterior y 25 % más que el 2019 que fue un año normal, sin pandemia”. Estas cifras restan validez a las voces que se opusieron al aumento del 20 % en el salario mínimo, bajo el argumento de que afectaría al empleo formal. El ISSS insiste: “Se trata de trabajadores que por primera vez entran al mercado de trabajo y, por tanto, a la cobertura de la Seguridad Social”.
El Gobierno ha sostenido la inversión pública estratégica para estimular las actividades económicas. También ha trabajado en mejorar las condiciones para invertir y hacer negocios en el país, con una constante modernización del Estado, garantías jurídicas y una gestión eficiente para desarrollar proyectos.
Los niveles de empleo también están favorecidos por la ejecución de la inversión privada, que puede superar los $2,000 millones este año. El aumento de las exportaciones también facilita que las empresas requieran de más colaboradores.
Para el próximo año, el Gobierno continuará la planificación con $1,700 millones en el plan de inversión pública, para que así haya más impulsos adicionales a la inversión local, en beneficio de las oportunidades de empleo.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
