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Más de 600 usuarios de ANDA han sido beneficiados con la condonación de moras y recargos por incumplimiento, en solo 3 días
En sólo tres días de que entrara en vigor el decreto transitorio que condona moras y recargos por incumplimiento de pagos, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha beneficiado a más de 600 usuarios.
El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, a petición de la autónoma, aplica para cualquier persona natural, jurídica, empresa privada y dependencia de Gobierno. Con lo que se espera abarcar unos 400 mil usuarios.
El presidente de ANDA, Rubén Alemán, reiteró esta mañana el compromiso del gobierno en favor de la población más necesitada.
“Si usted no tiene el dinero completo, no se preocupe, porque aquí puede acogerse a un plan de pago, diseñado para no afectarle su bolsillo”, manifestó Alemán.
De acuerdo con la información del funcionario, muchos usuarios no realizan el pago que corresponde, porque tienen multas que datan desde 1996. “Estamos saldando esta deuda histórica, para que los usuarios se pongan al día”, añadió.
Los usuarios que quieran acogerse al decreto tienen 6 meses para hacerlo, antes del 21 de marzo de 2022. Para lo cual se atiende en las 22 agencias comerciales en horario extendido: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; todos los días sin cerrar al mediodía.
Quienes cancelen su deuda en los primeros 60 días de vigencia del decreto, accederán a condonación del 100% de los recargos o mora; del día 61 al 90, del 80%; del 91 al 120, del 60%; y del día 121 al 180, se perdonará el 40%.
Alemán reiteró que se podrá hacer el pago total inmediato o acceder a planes de pago autorizados que no sobrepasarán los 12 meses consecutivos. También deberán cancelar una prima inicial equivalente al 10% de la deuda.
Para aplicar al beneficio, los usuarios deberán presentar su DUI, NIT y número de cuenta en la ventanilla “ANDA te escucha”, ubicada en las 22 agencias a escala nacional, las cuales estarán trabajando en horarios extendidos de lunes a domingo.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
