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Mantienen despliegue operativo para proteger a las familias con el Plan Invierno 2023
Gestores territoriales del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, junto con personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y Equipos Tácticos Operativos de la Dirección General de Protección Civil, realizaron labores de descopado de árboles cuyo follaje representan un riesgo para las familias que habitan en la comunidad Las Palmas, en San Salvador, acciones que forman parte del Plan Invierno 2023.
Los trabajos consistieron en la poda de árboles y la remoción de escombros, que fueron identificados como un posible peligro ante las lluvias. Luego de estas actividades, los gestores territoriales y personal de bomberos colocaron las ramas en sacos para su correcta disposición final. También, hicieron labores de limpieza de tragantes, para evitar la acumulación de agua e inundaciones que pongan en riesgo a las familias del lugar.
Dichas actividades forman parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno del Presidente Bukele, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, que no solo se basan en el descopado de árboles; sino también en la limpieza de diques, quebradas, tragantes y desagües, para la prevención de inundaciones urbanas.
“Esta es una acción preventiva dentro del Plan Invierno 2023, desarrollado por el Ministerio de Gobernación, acompañado con líderes de la comunidad Las Palmas. Estamos previniendo accidentes a futuro ante el invierno, ya que estas comunidades son más vulnerables ante las lluvias”, destacó Edwin Guzmán, gestor territorial.
El personal encargado de estas labores preventivas cuenta con equipos de protección como cascos y guantes; además, se utilizan herramientas como sierras, cuerdas y machetes para el descopado de árboles de gran magnitud.
Las autoridades mantienen alerta al Centro de Operaciones de Emergencias, poniendo a disposición los números 2281-0888 o 7070-3307 para reportar emergencias por lluvias o acciones preventivas como limpieza de drenajes y descopado de árboles.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
