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MAG y Corea beneficiarán a más de 1,600 agricultores de Chalatenango con la restauración de tierras degradadas
El Gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el apoyo financiero de $1.5 millones del Servicio Forestal de Corea, inició la restauración de las tierras degradadas en zonas de recarga hídrica de las subcuencas Sumpul y Nunuapa del río Lempa, con la que se beneficiarán más de 1,600 pequeños productores de Chalatenango.
La iniciativa permitirá incrementar la cobertura arbórea, la cual reducirá el deterioro de los recursos naturales forestales, suelo y agua, especialmente en zonas degradadas a causa de incendios forestales o por malas prácticas agrícolas.
“Buscamos proteger áreas que ya tienen bosque, áreas con cobertura forestal como el caso de La Montañona y también se busca recuperar suelos que están en conflicto de uso, es decir, los que son de vocación forestal, pero que actualmente se usan para actividades agrícolas y ganaderas. También se va a recuperar parte de los bosques de galería, zonas de protección del río Sumpul y del río Nunuapa”, explicó el director general de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego del MAG, Elías Escobar.
La importancia de implementar actividades de protección forestal es que favorece tanto a los productores como al medio ambiente, ya que vendrá a mejorar la producción de café, así como el clima en esta región del país. Los habitantes beneficiados pertenecen a los distritos de La Palma, San Ignacio, San Fernando, La Laguna, El Carrizal, Ojos de Agua, Las Vueltas, Nueva Trinidad, San José Las Flores y Arcatao, añadió Escobar.
Entre las acciones a ejecutar se encuentran: el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles para prevenir la erosión del suelo, la construcción de 400 km de brechas corta fuego para prevenir incendios forestales, la plantación de 1,120 hectáreas de árboles frutales y de usos múltiples y la gestión de 280 hectáreas de bosques naturales.
“Este proyecto nos viene a fortalecer en la subcuenca Sumpul, a la que pertenezco, y a mejorar la recuperación forestal. Se debe concientizar el uso adecuado del agua, tenemos que protegerla y cuidarla porque la conservación del agua es importante para el equilibrio y desarrollo de la flora y la fauna”, expresó el caficultor Jesús Serrano Menjívar, propietario del área natural protegida finca Santa Marta, en el área de La Montañona, Chalatenango.
El productor destacó que las tierras que ahora protege con café eran utilizadas para cultivar hortalizas, pero que después, el 50 % de la propiedad las dedicó al cultivo del café. “De 32 manzanas de terreno, tenemos el 50 % de bosque y el otro 50% dedicada a la producción de café”, añadió.
Por su parte, Minwoon Lim, gerente centroamericano del Proyecto Restauración Forestal y Adaptación Climática del Instituto de Promoción Forestal de Corea, enfatizó que su país apoyará a El Salvador en la recuperación del bosque forestal.
“Nuestras metas son reforestar las áreas degradadas de este país, aumentar la adaptación del cambio climático, fortalecer los conocimientos de los productores, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas de Chalatenango y así contribuir a la preservación de los recursos naturales que posee el pueblo salvadoreño”.
El MAG agradece los esfuerzos conjuntos que se ejecutan con el Instituto de Promoción Forestal de Corea y la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego; además, del apoyo del Servicio Forestal de Corea y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea.
«Más allá de simplemente plantar árboles y restaurar bosques, el proyecto protegerá la biodiversidad, mejorará la calidad de vida de las comunidades locales y resaltará la importancia de la gestión ambiental sostenible y la conservación de la naturaleza», finalizó el primer secretario y cónsul de la embajada de la República de Corea en El Salvador, Lee Woo Chul.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
