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Llevan a juicio a joven que amenazaba de muerte a una niña para que le enviara fotos desnuda
El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana, informó que el joven Kevin Ernesto “Z”, de 18 años de edad, fue a juicio por los cargos de coacción y pornografía, ambos en perjuicio de una niña de 13 años.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El relato documentado por la FGR da cuenta de que «Z» conoció a la víctima a través de las redes sociales por internet y se enviaban mensajes por las aplicaciones WhatsApp y Messenger, de Facebook. La niña utilizaba el teléfono celular de su hermana y había creado una cuenta a escondidas de sus padres.
Con el paso del tiempo, Kevin Ernesto «Z» comenzó a pedir a la niña que se conocieran en persona, que se escapara un día de la escuela y que se vieran, pero ella se negaba y le expresaba que su madre no le daba permiso.
Después de insistir y de la negativa de la menor de edad, «Z» se molestó y dejó de escribirle por una semana. El acusado intentó comunicarse con la niña de nuevo, pero ella no le respondió.
«Z» continuó con el acoso y cuando logró una respuesta de la niña, él le pidió fotografías en las que apareciera desnuda, algo a lo que ella se negó. Entonces el acusado la amenazó al advertirle que si no lo hacía, él llegaría a la escuela a matarla a ella y luego mataría a su madre.
Con la amenaza de por medio, la adolescente le envió tres fotografías a «Z» e inmediatamente apagó el teléfono. El acusado volvió a molestarse por no obtener más respuestas de la niña y decidió reenviar las imágenes a una compañera de estudios de la víctima.
Esa compañera reenvió las fotos a un destinatario y este, a su vez, las reenvió a otra alumna de la escuela donde estudia la niña. Fue esta última estudiante quien hizo llegar las imágenes a la maestra de la víctima y ella le notificó a la directora del centro escolar.
Con las fotografías, la directora contactó con la madre de la víctima y le preguntó si sabía de la existencia de esas imágenes. La respuesta fue negativa. Madre e hija conversaron y fue cuando la niña contó lo ocurrido. La madre acudió a las autoridades para interponer la denuncia.
Kevin Ernesto «Z» fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil y fue acusado por la FGR de coacción (chantaje) y pornografía.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
