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Llevan a juicio a joven que amenazaba de muerte a una niña para que le enviara fotos desnuda
El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana, informó que el joven Kevin Ernesto “Z”, de 18 años de edad, fue a juicio por los cargos de coacción y pornografía, ambos en perjuicio de una niña de 13 años.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El relato documentado por la FGR da cuenta de que «Z» conoció a la víctima a través de las redes sociales por internet y se enviaban mensajes por las aplicaciones WhatsApp y Messenger, de Facebook. La niña utilizaba el teléfono celular de su hermana y había creado una cuenta a escondidas de sus padres.
Con el paso del tiempo, Kevin Ernesto «Z» comenzó a pedir a la niña que se conocieran en persona, que se escapara un día de la escuela y que se vieran, pero ella se negaba y le expresaba que su madre no le daba permiso.
Después de insistir y de la negativa de la menor de edad, «Z» se molestó y dejó de escribirle por una semana. El acusado intentó comunicarse con la niña de nuevo, pero ella no le respondió.
«Z» continuó con el acoso y cuando logró una respuesta de la niña, él le pidió fotografías en las que apareciera desnuda, algo a lo que ella se negó. Entonces el acusado la amenazó al advertirle que si no lo hacía, él llegaría a la escuela a matarla a ella y luego mataría a su madre.
Con la amenaza de por medio, la adolescente le envió tres fotografías a «Z» e inmediatamente apagó el teléfono. El acusado volvió a molestarse por no obtener más respuestas de la niña y decidió reenviar las imágenes a una compañera de estudios de la víctima.
Esa compañera reenvió las fotos a un destinatario y este, a su vez, las reenvió a otra alumna de la escuela donde estudia la niña. Fue esta última estudiante quien hizo llegar las imágenes a la maestra de la víctima y ella le notificó a la directora del centro escolar.
Con las fotografías, la directora contactó con la madre de la víctima y le preguntó si sabía de la existencia de esas imágenes. La respuesta fue negativa. Madre e hija conversaron y fue cuando la niña contó lo ocurrido. La madre acudió a las autoridades para interponer la denuncia.
Kevin Ernesto «Z» fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil y fue acusado por la FGR de coacción (chantaje) y pornografía.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
