Judicial
«Yo estaba bañando al niño, se me cayó y lo golpeé con un palo hasta matarlo»: confesó Yesenia García
A 14 años de cárcel condenó el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a Yesenia Elizabeth García Henríquez, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Érick A.G.F. de tres años de edad.
La investigación dio inicio con la denuncia interpuesta por el padre de la menor víctima, el día 11 de julio del año 2020, en la Sub Delegación de Quezaltepeque, donde daba aviso de la desaparición de su hijo. Cuatro días después de reportar el hecho, fue hallado muerto en el sector conocido como La Lava, comunidad La Meca, en las cercanías del Autódromo El Jabalí, en Quezaltepeque, La Libertad.
Este día y a través de un proceso abreviado establecido en el Código Procesal Penal, artículos 417 y 418 sobre la Admisibilidad y Trámite del Procedimiento y Juicio Abreviado, el juez de la causa dio por acreditados los hechos expuestos por las partes: La confesión de manera libre y espontánea de la imputada Yesenia Elizabeth García Henríquez, tía de la víctima, donde aceptó haber dado muerte con múltiples golpes producidos por un arma contundente (palo) y haber escondido el cuerpo de la víctima con la ayuda de su compañero de vida.
«Fue el 11 de julio de 2020, aproximadamente a las 12 del mediodía, en el caserío La Meca, los hechos sucedieron detrás de la casa de mis abuelos donde había un barril donde yo estaba bañando al niño, el niño se me cayó y yo lo golpeé con un palo», confesó la mujer.
Al mismo tiempo, añadió que a eso de la 1:00 de la madrugada del 12 de julio despertó a su compañero de vida para confesarle que había matado a su sobrino y que necesitaba ayuda para llevar el cadáver hasta el lugar conocido como «La Lava». «Le dije que me ayudara a llevar el cuerpecito, le confesé que lo había matado, pero solo que se me había caído, pero no que lo había golpeado», narró la imputada.
El estudio y análisis de la prueba pericial incluía el reconocimiento médico forense, evaluación psicológica, autopsia y estudios de trabajo social, y la valoración de la prueba documental compuesta por las actas de inspecciones oculares, registro con prevención de allanamiento, álbum fotográfico y declaración anticipada de testigo criteriado.
En el fallo se ratifica la detención provisional hasta que quede en firme la sentencia definitiva, que se entregará el 13 de julio del año 2021, declarándola ejecutoria 10 días después de la misma.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
