Judicial
Traficantes de personas son condenados hasta por 54 años de prisión
La unidad especializada de delitos de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República logró condenar a tres miembros de una red dedicada al Tráfico Ilegal de Personas.
Las condenas impuestas y los imputados, conocidos popularmente como “Coyotes” son: Henry Edgardo Ávalos, condenado a 54 años de prisión por el delito de Tráfico Ilegal de Personas en perjuicio de 22 víctimas. José Joel González Martínez sentenciado a 24 años de cárcel. José Héctor Bonilla a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía lograron establecer que los imputados son parte de una red de traficantes de personas que operaban en la zona central y occidental del país, quienes trasladaban a las víctimas por puntos ciegos en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, hacia Guatemala y posteriormente a México y Los Estados Unidos.
En la indagación se ha determinado además, que el líder de la organización criminal es Henry Edgardo Ávalos, quién reside en San Francisco Menéndez.
Los implicados ofrecían los viajes ilegales a las víctimas, por el que cobraban miles de dólares e incluso, aceptaban inmuebles, vehículos particulares y terrenos.
El tribunal de sentencia especializado de Santa Ana validó toda la investigación realizada por las fiscales del caso, dónde destacan las pericias técnicas que lograron ubicar a los sentenciados en lugares y fechas específicas, en dónde y cuándo habrían cometido los hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
