Judicial
Testigo clave en caso «Viudas Negras» es localizada fuera del país y rendirá su declaración en consulado salvadoreño
Lejos del país, la testigo con clave “Mónica” está dispuesta a declarar a través de videoconferencia en contra la red denominada “Las viudas Negras”, así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de vista pública desarrollada por el Juzgado Especializado de Sentencia A.
Tras varias semanas tratando de dar con el paradero de “Mónica”, la Fiscalía informó al juez que la víctima y testigo fue localizada fuera del país y que está dispuesta a rendir su declaración en contra de la red que la obligó a casarse con un hombre mayor con el fin de asesinarlo para cobrar lucrativos seguros de vida.
Según lo dicho en la sala de audiencias, “Mónica” justificó su ausencia del proceso debido a constantes amenazas que recibió por parte de otras personas ligadas a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13). El 9 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la víctima con clave “Mónica” no se presentó a sus terapias psicológicas.
Ante esto el ministerio público decidió aplazar el juicio mientras se restablecía el contacto con la testigo principal. No fue hasta la mañana del martes 14 de mayo que informaron al juez que ya se habían realizado las diligencias necesarias para montar una videoconferencia en la cual se espera que rinda su declaración, donde vincula directamente a Esmeralda Aravel Flores Acosta junto con otras seis personas procesados por delitos sexuales y homicidio.
Para lograr llevar a cabo el enlace, la FGR explicó que se tuvieron que solicitar una petición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ya que la declaración será realizada en una sede consular del país de refugio de “Mónica”.
La acusación señaló que Flores Acosta contrató a “Mónica” para cuidar a sus hijos a cambio de $250 y tras varios días laborando le señaló que se casaría con un hombre a quien mataría después de la boda para que luego cobrara pólizas de seguro; los fondos recaudados iban directamente a las cuentas de la pandilla.
La imputada dijo en exclusiva a El Salvador Times que todo se trataba de un montaje de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (DIN-PNC) ya que la supuesta víctima era la que se encargaba de brindar información para ser extorsionada por elementos de la corporación policial.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC porque estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó
Los imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa.
Por: El Salvador Times.
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
