Judicial
Testigo clave en caso «Viudas Negras» es localizada fuera del país y rendirá su declaración en consulado salvadoreño
Lejos del país, la testigo con clave “Mónica” está dispuesta a declarar a través de videoconferencia en contra la red denominada “Las viudas Negras”, así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de vista pública desarrollada por el Juzgado Especializado de Sentencia A.
Tras varias semanas tratando de dar con el paradero de “Mónica”, la Fiscalía informó al juez que la víctima y testigo fue localizada fuera del país y que está dispuesta a rendir su declaración en contra de la red que la obligó a casarse con un hombre mayor con el fin de asesinarlo para cobrar lucrativos seguros de vida.
Según lo dicho en la sala de audiencias, “Mónica” justificó su ausencia del proceso debido a constantes amenazas que recibió por parte de otras personas ligadas a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13). El 9 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la víctima con clave “Mónica” no se presentó a sus terapias psicológicas.
Ante esto el ministerio público decidió aplazar el juicio mientras se restablecía el contacto con la testigo principal. No fue hasta la mañana del martes 14 de mayo que informaron al juez que ya se habían realizado las diligencias necesarias para montar una videoconferencia en la cual se espera que rinda su declaración, donde vincula directamente a Esmeralda Aravel Flores Acosta junto con otras seis personas procesados por delitos sexuales y homicidio.
Para lograr llevar a cabo el enlace, la FGR explicó que se tuvieron que solicitar una petición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ya que la declaración será realizada en una sede consular del país de refugio de “Mónica”.
La acusación señaló que Flores Acosta contrató a “Mónica” para cuidar a sus hijos a cambio de $250 y tras varios días laborando le señaló que se casaría con un hombre a quien mataría después de la boda para que luego cobrara pólizas de seguro; los fondos recaudados iban directamente a las cuentas de la pandilla.
La imputada dijo en exclusiva a El Salvador Times que todo se trataba de un montaje de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (DIN-PNC) ya que la supuesta víctima era la que se encargaba de brindar información para ser extorsionada por elementos de la corporación policial.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC porque estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó
Los imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa.
Por: El Salvador Times.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
