Judicial
Testigo clave en caso «Viudas Negras» es localizada fuera del país y rendirá su declaración en consulado salvadoreño
Lejos del país, la testigo con clave “Mónica” está dispuesta a declarar a través de videoconferencia en contra la red denominada “Las viudas Negras”, así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de vista pública desarrollada por el Juzgado Especializado de Sentencia A.
Tras varias semanas tratando de dar con el paradero de “Mónica”, la Fiscalía informó al juez que la víctima y testigo fue localizada fuera del país y que está dispuesta a rendir su declaración en contra de la red que la obligó a casarse con un hombre mayor con el fin de asesinarlo para cobrar lucrativos seguros de vida.
Según lo dicho en la sala de audiencias, “Mónica” justificó su ausencia del proceso debido a constantes amenazas que recibió por parte de otras personas ligadas a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13). El 9 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la víctima con clave “Mónica” no se presentó a sus terapias psicológicas.
Ante esto el ministerio público decidió aplazar el juicio mientras se restablecía el contacto con la testigo principal. No fue hasta la mañana del martes 14 de mayo que informaron al juez que ya se habían realizado las diligencias necesarias para montar una videoconferencia en la cual se espera que rinda su declaración, donde vincula directamente a Esmeralda Aravel Flores Acosta junto con otras seis personas procesados por delitos sexuales y homicidio.
Para lograr llevar a cabo el enlace, la FGR explicó que se tuvieron que solicitar una petición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ya que la declaración será realizada en una sede consular del país de refugio de “Mónica”.
La acusación señaló que Flores Acosta contrató a “Mónica” para cuidar a sus hijos a cambio de $250 y tras varios días laborando le señaló que se casaría con un hombre a quien mataría después de la boda para que luego cobrara pólizas de seguro; los fondos recaudados iban directamente a las cuentas de la pandilla.
La imputada dijo en exclusiva a El Salvador Times que todo se trataba de un montaje de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (DIN-PNC) ya que la supuesta víctima era la que se encargaba de brindar información para ser extorsionada por elementos de la corporación policial.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC porque estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó
Los imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
