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Padre de César Funes devolverá $1.3 millones en propiedades para no ir a la cárcel por lavado de dinero

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César Daniel Funes Cruz aceptó someterse a un proceso abreviado y se compromete a devolver al Estado $1.3 millones en propiedades en el caso «Destape a la Corrupción II». Sus abogados señalaron que el imputado padece de enfermedades graves que le imposibilitan presentarse a los tribunales.

Para no ir a la cárcel y obtener beneficios en su condena, el padre de César Funes, exsecretario de Juventud y expresidente de ANDA, decidió devolver los más de $1.3 en concepto de responsabilidad civil que fueron desviados a través de supuestos pagos de publicidad a la empresa Funes y Asociados.

«El problema es que él era el representante legal. Esta era una de la empresa que ocupó supuestamente el expresidente Saca para lucrarse. En nuestro modo de ver las cosas estas empresas prestaron sus servicios de publicidad sin pasar por la ley de adquisiciones», señaló su abogado Miguel Girón Flores al salir de la sala de audiencias.

Girón explicó que este monto no es dinero en efectivo si no la suma de propiedades que, según los exámenes, hacen la cantidad solicitada por la Fiscalía.

«Difícilmente alguien tiene un fondo de $1.3 millones en el banco. Al final de cuentas lo que dice el Estado es que quiere recaudar dinero de cualquier forma. Los bienes han sido evaluados a través de personas capacitadas, son peritos privados que se han proporcionado a la FGR», explicó.

Esta mañana la defensa de Funes explicó al juez que han presentado documentación, donde se comprometen a devolverlo según lo solicitado por el ministerio público.

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, y otros 13 imputados acusados de peculado y lavado de dinero durante la gestión del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de prisión por los mismos delitos.

El grupo de abogados defensores solicitaron la suspensión de la audiencia, petición que fue aprobada por la Fiscalía que pidió un plazo de 24 horas para revisar los documentos de compromiso presentados. Su continuación será el miércoles 15 de mayo a las 2:00 de la tarde.

Funes Cruz salió de la sala sin brindar ningún tipo de declaración a los medios. Su abogado aclaró que está enfermo imposibilitando su presencia en tribunales.

Por: El Salvador Times.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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