Judicial
Testigo clave en caso «Viudas Negras» es localizada fuera del país y rendirá su declaración en consulado salvadoreño
Lejos del país, la testigo con clave “Mónica” está dispuesta a declarar a través de videoconferencia en contra la red denominada “Las viudas Negras”, así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia de vista pública desarrollada por el Juzgado Especializado de Sentencia A.
Tras varias semanas tratando de dar con el paradero de “Mónica”, la Fiscalía informó al juez que la víctima y testigo fue localizada fuera del país y que está dispuesta a rendir su declaración en contra de la red que la obligó a casarse con un hombre mayor con el fin de asesinarlo para cobrar lucrativos seguros de vida.
Según lo dicho en la sala de audiencias, “Mónica” justificó su ausencia del proceso debido a constantes amenazas que recibió por parte de otras personas ligadas a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13). El 9 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la víctima con clave “Mónica” no se presentó a sus terapias psicológicas.
Ante esto el ministerio público decidió aplazar el juicio mientras se restablecía el contacto con la testigo principal. No fue hasta la mañana del martes 14 de mayo que informaron al juez que ya se habían realizado las diligencias necesarias para montar una videoconferencia en la cual se espera que rinda su declaración, donde vincula directamente a Esmeralda Aravel Flores Acosta junto con otras seis personas procesados por delitos sexuales y homicidio.
Para lograr llevar a cabo el enlace, la FGR explicó que se tuvieron que solicitar una petición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, ya que la declaración será realizada en una sede consular del país de refugio de “Mónica”.
La acusación señaló que Flores Acosta contrató a “Mónica” para cuidar a sus hijos a cambio de $250 y tras varios días laborando le señaló que se casaría con un hombre a quien mataría después de la boda para que luego cobrara pólizas de seguro; los fondos recaudados iban directamente a las cuentas de la pandilla.
La imputada dijo en exclusiva a El Salvador Times que todo se trataba de un montaje de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (DIN-PNC) ya que la supuesta víctima era la que se encargaba de brindar información para ser extorsionada por elementos de la corporación policial.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC porque estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó
Los imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
