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Judicial

Sujetos son condenados a prisión por exigir $40 mil para rescate de víctima que ya había sido asesinada

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Penas de hasta 50 años fueron las que impuso el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador a una mujer, su hijo, dos hermanos y otro sujeto por secuestrar a una persona y exigir $40,000 para el rescate a pesar de que la víctima ya estaba muerta.

Los condenados son María Máxima Juárez y su hijo Manuel Alfredo Juárez; Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y Samuel de Jesús Andrés.

Según lo que se estableció en el juicio, el 29 de octubre de 2018 la víctima, protegida bajo el nombre clave “Júpiter”, fue secuestrada en La Libertad y la familia se dio cuenta porque cuando llamaron a su celular uno de los delincuentes les contestó.

El sujeto exigió que para recuperar a “Júpiter” debían darle $40 mil, pero la cifra bajó a los $6 mil después de una negociación con la familia, en la que se acordó que el dinero se iba a dar en el centro de San Salvador.

Los parientes avisaron a la Policía y se montó un procedimiento controlado donde se descubrió que dos sujetos en motocicleta se llevaron el dinero del rescate hasta una casa de la colonia Belén, de Apopa.

Los agentes se desplazaron al lugar ya arrestaron a los cinco que estaban en la casa después de haberles descubierto el dinero, chalecos antibalas, un arma de fuego y otras evidencias.

A pesar de que la banda le dijo a la familia que “Júpiter” estaba vivo, las autoridades establecieron que al momento de la negociación el ciudadano ya estaba muerto y su cadáver fue localizado en un área de difícil acceso en Panchimalco.

La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno de los implicados y el juez condenó a Eris Odir Martínez a 50 años por homicidio agravado precedido de secuestro ya que él fue quien dio la orden, mientras que Samuel de Jesús Andrés y Emerson Osmín Martínez fueron sentenciados a 40 años y al pago de $20 mil de responsabilidad civil, por el mismo delito.

Manuel Alfredo Juárez fue sentenciado a 30 años y al pago de $6 mil y finalmente María Máxima Juárez purgará 8 años de cárcel por encubrimiento.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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