Judicial
Sujetos son condenados a prisión por exigir $40 mil para rescate de víctima que ya había sido asesinada
Penas de hasta 50 años fueron las que impuso el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador a una mujer, su hijo, dos hermanos y otro sujeto por secuestrar a una persona y exigir $40,000 para el rescate a pesar de que la víctima ya estaba muerta.
Los condenados son María Máxima Juárez y su hijo Manuel Alfredo Juárez; Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y Samuel de Jesús Andrés.
Según lo que se estableció en el juicio, el 29 de octubre de 2018 la víctima, protegida bajo el nombre clave “Júpiter”, fue secuestrada en La Libertad y la familia se dio cuenta porque cuando llamaron a su celular uno de los delincuentes les contestó.
El sujeto exigió que para recuperar a “Júpiter” debían darle $40 mil, pero la cifra bajó a los $6 mil después de una negociación con la familia, en la que se acordó que el dinero se iba a dar en el centro de San Salvador.
Los parientes avisaron a la Policía y se montó un procedimiento controlado donde se descubrió que dos sujetos en motocicleta se llevaron el dinero del rescate hasta una casa de la colonia Belén, de Apopa.
Los agentes se desplazaron al lugar ya arrestaron a los cinco que estaban en la casa después de haberles descubierto el dinero, chalecos antibalas, un arma de fuego y otras evidencias.
A pesar de que la banda le dijo a la familia que “Júpiter” estaba vivo, las autoridades establecieron que al momento de la negociación el ciudadano ya estaba muerto y su cadáver fue localizado en un área de difícil acceso en Panchimalco.
La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno de los implicados y el juez condenó a Eris Odir Martínez a 50 años por homicidio agravado precedido de secuestro ya que él fue quien dio la orden, mientras que Samuel de Jesús Andrés y Emerson Osmín Martínez fueron sentenciados a 40 años y al pago de $20 mil de responsabilidad civil, por el mismo delito.
Manuel Alfredo Juárez fue sentenciado a 30 años y al pago de $6 mil y finalmente María Máxima Juárez purgará 8 años de cárcel por encubrimiento.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
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Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
