Judicial
Sujetos son condenados a prisión por exigir $40 mil para rescate de víctima que ya había sido asesinada
Penas de hasta 50 años fueron las que impuso el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador a una mujer, su hijo, dos hermanos y otro sujeto por secuestrar a una persona y exigir $40,000 para el rescate a pesar de que la víctima ya estaba muerta.
Los condenados son María Máxima Juárez y su hijo Manuel Alfredo Juárez; Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y Samuel de Jesús Andrés.
Según lo que se estableció en el juicio, el 29 de octubre de 2018 la víctima, protegida bajo el nombre clave “Júpiter”, fue secuestrada en La Libertad y la familia se dio cuenta porque cuando llamaron a su celular uno de los delincuentes les contestó.
El sujeto exigió que para recuperar a “Júpiter” debían darle $40 mil, pero la cifra bajó a los $6 mil después de una negociación con la familia, en la que se acordó que el dinero se iba a dar en el centro de San Salvador.
Los parientes avisaron a la Policía y se montó un procedimiento controlado donde se descubrió que dos sujetos en motocicleta se llevaron el dinero del rescate hasta una casa de la colonia Belén, de Apopa.
Los agentes se desplazaron al lugar ya arrestaron a los cinco que estaban en la casa después de haberles descubierto el dinero, chalecos antibalas, un arma de fuego y otras evidencias.
A pesar de que la banda le dijo a la familia que “Júpiter” estaba vivo, las autoridades establecieron que al momento de la negociación el ciudadano ya estaba muerto y su cadáver fue localizado en un área de difícil acceso en Panchimalco.
La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno de los implicados y el juez condenó a Eris Odir Martínez a 50 años por homicidio agravado precedido de secuestro ya que él fue quien dio la orden, mientras que Samuel de Jesús Andrés y Emerson Osmín Martínez fueron sentenciados a 40 años y al pago de $20 mil de responsabilidad civil, por el mismo delito.
Manuel Alfredo Juárez fue sentenciado a 30 años y al pago de $6 mil y finalmente María Máxima Juárez purgará 8 años de cárcel por encubrimiento.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
