Judicial
Sujetos son condenados a prisión por exigir $40 mil para rescate de víctima que ya había sido asesinada
Penas de hasta 50 años fueron las que impuso el Juzgado 4° de Sentencia de San Salvador a una mujer, su hijo, dos hermanos y otro sujeto por secuestrar a una persona y exigir $40,000 para el rescate a pesar de que la víctima ya estaba muerta.
Los condenados son María Máxima Juárez y su hijo Manuel Alfredo Juárez; Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y Samuel de Jesús Andrés.
Según lo que se estableció en el juicio, el 29 de octubre de 2018 la víctima, protegida bajo el nombre clave “Júpiter”, fue secuestrada en La Libertad y la familia se dio cuenta porque cuando llamaron a su celular uno de los delincuentes les contestó.
El sujeto exigió que para recuperar a “Júpiter” debían darle $40 mil, pero la cifra bajó a los $6 mil después de una negociación con la familia, en la que se acordó que el dinero se iba a dar en el centro de San Salvador.
Los parientes avisaron a la Policía y se montó un procedimiento controlado donde se descubrió que dos sujetos en motocicleta se llevaron el dinero del rescate hasta una casa de la colonia Belén, de Apopa.
Los agentes se desplazaron al lugar ya arrestaron a los cinco que estaban en la casa después de haberles descubierto el dinero, chalecos antibalas, un arma de fuego y otras evidencias.
A pesar de que la banda le dijo a la familia que “Júpiter” estaba vivo, las autoridades establecieron que al momento de la negociación el ciudadano ya estaba muerto y su cadáver fue localizado en un área de difícil acceso en Panchimalco.
La Fiscalía estableció las responsabilidades de cada uno de los implicados y el juez condenó a Eris Odir Martínez a 50 años por homicidio agravado precedido de secuestro ya que él fue quien dio la orden, mientras que Samuel de Jesús Andrés y Emerson Osmín Martínez fueron sentenciados a 40 años y al pago de $20 mil de responsabilidad civil, por el mismo delito.
Manuel Alfredo Juárez fue sentenciado a 30 años y al pago de $6 mil y finalmente María Máxima Juárez purgará 8 años de cárcel por encubrimiento.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
