Judicial
Sujeto que privó de libertad e intentó matar a su pareja, seguirá en prisión
La Fiscalía logró que Jonathan Edgardo Sánchez Magaña continúe en prisión mientras sigue la investigación en su contra; al imputado se le acusa del Feminicidio Agravado Tentado y Privación de Libertad Agravada de su pareja, así como del Homicidio Agravado en perjuicio de una persona no nacida.
Asimismo, a la madre del procesado, Alma América Magaña Sánchez, se le atribuye el delito de Privación de Libertad Agravada en calidad de cómplice necesario, y para ella también se logró la detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
Durante la primera audiencia desarrollada en el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó suficientes elementos que muestran que dichos acusados han cometieron los delitos que se les imputan, por ello, dicho juzgado determinó Instrucción formal con detención provisional para ambos.
Según la investigación, Magaña la insultaba a la víctima y le pegaba sin importar que estaba embarazada, y en una ocasión la dejó encerrada y ya no la dejó salir más, en esa condición la llegó a amarrar con cadenas, y le quemaba el cuerpo con una plancha de ropa.
La víctima sufrió diferentes agresiones físicas, y sicológicas, e incluso la obligó a tomar un líquido que le provocó dolores que parecían “estomacales”, sin embargo le indujeron al parto, el imputado sacó al bebé a la fuerza y se lo llevó sin que la madre supiera qué hizo con él.
Posteriormente, los tratos crueles continuaron, pero en junio de 2022, ella logró escapar de la casa del imputado, ubicada en San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán; los vecinos fueron quienes le ayudaron a huir y librarse de su agresor.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
