Judicial
Sujeto que exigía la extorsión a habitantes de Sonsonate es condenado a 20 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) informa sobre la condena impuesta de 20 años de prisión contra un sujeto acusado por el delito de extorsión.
El ahora condenado corresponde a José Abel Esquinal Hernández, quien fue encontrado culpable por tal delito en el departamento de Sonsonate.
Ante esta condena, la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) afirma su compromiso en llevar ante la justicia a sujetos que se dedican al acontecer criminal.
En otro hecho, a 30 años de prisión fue condenado Balmore Antonio Ávalos Sandoval, de 43 años, quien acabó con la vida de su madre, Transito Sandoval viuda de Ávalos, de 71 años.
El crimen lo cometió el 17 de abril del año 2019 en horas de la tarde, en el caserío El Rastro del municipio de San José Guayabal del departamento de Cuscatlán, donde la víctima convivía con su hijo y el resto de la familia.
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José Atilio Benítez y su esposa deben devolver al Estado $121,657 por enriquecerse de forma ilícita
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito en el proceso judicial contra el exviceministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada, y su esposa Emma Isaura Muñoz de Benítez.
Benítez fungió como vice ministro durante la gestión del partido FMLN, cuando el ministro era David Munguía Payés, quien la semana pasada, fue condenado a 18 años de cárcel por negociar con pandillas y ahora enfrentas señalamientos de lavado de dinero.
Según las autoridades, el exfuncionario y su esposa incrementaron su patrimonio en $88,044 en su patrimonio, entre junio de 2009 y noviembre de 2011.
Benítez Parada realizó 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes a su nombre. Este incremento ocurrió durante el período en que ejerció como viceministro, desde el 1 de junio de 2009 hasta el 21 de noviembre de 2011.
Las autoridades detallaron que el juez de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla también valoró la falta de justificación de ingresos por parte de la señora Emma Isaura Muñoz de Benítez, en su calidad de cónyuge del exfuncionario, por un monto de $33,613.35, que incluye depósitos bancarios, pagos de tarjeta de crédito y abonos a crédito hipotecario.
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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación ante el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de Santa Ana, contra los nueve cómplices de Hugo Osorio, asesino serial de Chalchuapa, quienes fueron absueltos el pasado 8 de mayo por una jueza.
«El ministerio publico no estaba de acuerdo con la resolución de la jueza -Lidia del Carmen López- en la cual absolvió a los procesados en esta causa y por lo tanto hemos hecho del recurso de apelación en el que estamos poniendo todo el fundamento jurídico de la investigación para que una Cámara pueda revisar y ordenar un nuevo juicio», dijo la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, todos los señalados tenían una organización criminal de cabecillas, ejecutores y colaboradores que cumplían funciones específicas para ocultar y desaparecer personas, de las cuales se estima que hay 13 víctimas. Los hechos por los cuales son procesados fueron cometidos en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, entre 2020 y 2021. Todos son cómplices de Hugo Osorio, quien en junio del año pasado ya fue condenado a 70 años de cárcel por un doble feminicidio.
Dicha jueza del Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de Santa Ana, es una de las que no lograron ser removidas del sistema judicial tras las reformas a la Ley del Órgano Judicial en 2021.
Los cómplices que fueron absueltos por dicha jueza fueron recapturados en mayo pasado luego que las autoridades los acusaran por el delito de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas.
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El expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y se autorizó la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, así lo establece el dictamen de acusación que presentó este lunes la Fiscalía General de la República.
En las investigaciones, el ministerio público ha determinado que «el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre».
«No solo es un testigo, Emilio Ponce (ya fallecido) también refiere que ahí estuvo el expresidente Cristiani, tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que también afirman que él estuvo de acuerdo y autorizó los hechos que desencadenaron esas muertes», estableció el fiscal del caso.
El representante fiscal añadió que dentro de dicho dictamen también se acusa al asesino, Inocente Orlando Montano, quien fue condenado en España a 133 años, «fue condenado por la muerte de los sacerdotes jesuitas, es decir, por los ciudadanos españoles, pero las personas salvadoreñas no, por estos hechos no fue condenado allá y acá si lo estamos acusando», dijo. Se trata de Julia Elba y Celina Ramos, quienes eran colaboradoras de los sacerdotes.
Homicidio, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal, son algunos de los delitos por los que la Fiscalía acusa a los involucrados. «En total son ocho imputados, además de estos también tenemos a Rodolfo Parker quien manipuló las declaraciones que se dieron al tribunal de honor».
Parker al igual que Cristiani huyeron al saber que son procesados en este caso de la masacre de la UCA.
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