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Judicial

Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

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En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.

A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.

Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.

La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.

El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.

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10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego

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Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.

Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.

Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.

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Judicial

Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado

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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.

El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.

Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.

Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.

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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad

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En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.

La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.

Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.

Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.

A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.

El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.

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