Judicial
Reabren proceso contra médico acusado de lesiones culposas por mala praxis
Un año después del sobreseimiento provisional es reabierto el proceso contra un galeno acusado de lesiones culposas en perjuicio de un derechohabiente del ISSS.
El 17 de agosto de 2019, Wilfredy Boanerges A. fue sometido a una intervención quirúrgica por problemas de una hernia abdominal, cirugía que fue programada con anticipación a realizarse en el Hospital Amatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El paciente fue dado de alta el 19 de agosto del mismo año, pero tras varios días presentó complicaciones abdominales. Al realizarle un chequeo médico se detectó que tenía una obstrucción en el intestino, presuntamente a causa de la cirugía, por lo que tuvo que ser intervenido una segunda vez para corregir esa anomalía.
El 26 de abril del año pasado, en audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, el médico Wilber Adrián A. A., fue sobreseído provisionalmente por el delito de lesiones culposas porque no había elementos suficientes para culpabilizarlo.
Un año después, el proceso es reabierto por la Fiscalía General de la República(FGR), que solicitó la reapertura en el referido juzgado, por lo cual, este martes fueron juramentados dos profesionales de la medicina que harán un peritaje sobre el proceso, a efecto de determinar si hubo o no mala praxis y por ende lesiones culposas o si la hernia fue producto de los riesgos que conlleva la intervención quirúrgica a la que fue sometido el paciente.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes una acusación formal contra Erik Alexander Mejía Alfaro por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañera de vida en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este.
El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Mejía Alfaro siguió a la víctima hasta su vivienda y la agredió brutalmente, iniciando con golpes físicos y luego utilizando un arma blanca tipo corvo. Durante el ataque, la víctima intentó defenderse con las manos, pero el agresor le causó heridas graves en ambas extremidades.
Según las autoridades, la mujer mantenía una relación con el imputado marcada por episodios constantes de violencia física y psicológica.
Tras la agresión, el atacante huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Zacatecoluca que el acusado permanezca en detención provisional, mientras continúa la investigación.
El caso ha generado indignación y reaviva el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia feminicida en el país.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Roberto Carlos Castillo Rodríguez, conocido como alias Casco, por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y amenazas con agravación especial.
Según la investigación fiscal, el 14 de noviembre de 2016, alias Casco, acompañado por tres sujetos más, llegó a la vivienda de una víctima para exigirle el pago inmediato de $300 en concepto de extorsión. La víctima pidió más tiempo para reunir el dinero. Sin embargo, días después, fue interceptada nuevamente por el pandillero, a quien solo logró entregarle $150.
Tras recibir el dinero, alias Casco amenazó al afectado con matarlo junto a su familia si no abandonaban la vivienda esa misma noche. Temiendo por su vida, la víctima huyó del lugar y presentó la denuncia ante las autoridades.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó abundante prueba que demostraba la participación directa del imputado, identificado como homeboy de la clica Witmer Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Además de esta condena, el tribunal también sentenció a Nuria Eugenia Flores López a cuatro años de prisión por agrupaciones ilícitas, pena máxima establecida para colaboradores bajo el Código Penal anterior.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que han generado violencia y desplazamiento forzado en el país.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
