Judicial
Presentan aviso en la FGR para que investiguen posible enriquecimiento ilícito del diputado Carlos Reyes
La ciudadana Loly Saravia se presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso, con el cual pide que se investigue el posible delito de enriquecimiento ilícito cometido por el jefe de bancada de ARENA, Carlos Reyes.
Saravia, también abogada de la República, sostuvo que se vio motivada a presentar este aviso en vista de las publicaciones periodísticas en las que se establece que el legislador tuvo un incremento desproporcionado en sus declaraciones patrimoniales.
Basándose en documentos oficiales del Centro Nacional de Registros (CNR), una investigación realizada por Diario El Salvador establece que el diputado, quien está en la Asamblea desde 1997, posee 133 propiedades en al menos cuatro departamentos.
También es parte de cuatro sociedades que se dedican al negocio del transporte público, reveló la investigación periodística.
“Venimos como ciudadanos y como abogados a interponer un aviso penal a la FGR con el objeto de que esta institución fiscal pueda realizar e iniciar investigación en este caso. Presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito además de cualquier otro delito que surja a lo largo de la investigación correspondiente”, señaló la ciudadana.
Para la peticionaria, es alarmante el hecho de que el legislador, quien ha recibido un salario promedio de $4,000 al mes, tenga esa cantidad de propiedades, además de haber triplicado su patrimonio.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Melvin Javier Osegueda Claros sea condenado a 20 años de prisión por acosar y agredir sexualmente a dos estudiantes.
El imputado fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada y a 4 años por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
De acuerdo con la investigación fiscal, los delitos se cometieron entre febrero y octubre de 2025, en el interior de un centro escolar del distrito de Santiago de María, Usulután. La víctimas tienen 9 y 12 años.
Según el reporte fiscal, Osegueda Claros se aprovechó de su cargo como maestro de la institución para cometer el delito.
Las agresiones sexuales fueron denunciadas por el 22 de octubre de 2025 lo que permitió que la FGR iniciara el proceso penal.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
