Judicial
Presentan aviso en la FGR para que investiguen posible enriquecimiento ilícito del diputado Carlos Reyes
La ciudadana Loly Saravia se presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso, con el cual pide que se investigue el posible delito de enriquecimiento ilícito cometido por el jefe de bancada de ARENA, Carlos Reyes.
Saravia, también abogada de la República, sostuvo que se vio motivada a presentar este aviso en vista de las publicaciones periodísticas en las que se establece que el legislador tuvo un incremento desproporcionado en sus declaraciones patrimoniales.
Basándose en documentos oficiales del Centro Nacional de Registros (CNR), una investigación realizada por Diario El Salvador establece que el diputado, quien está en la Asamblea desde 1997, posee 133 propiedades en al menos cuatro departamentos.
También es parte de cuatro sociedades que se dedican al negocio del transporte público, reveló la investigación periodística.
“Venimos como ciudadanos y como abogados a interponer un aviso penal a la FGR con el objeto de que esta institución fiscal pueda realizar e iniciar investigación en este caso. Presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito además de cualquier otro delito que surja a lo largo de la investigación correspondiente”, señaló la ciudadana.
Para la peticionaria, es alarmante el hecho de que el legislador, quien ha recibido un salario promedio de $4,000 al mes, tenga esa cantidad de propiedades, además de haber triplicado su patrimonio.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
