Judicial
Presentan aviso en la FGR para que investiguen posible enriquecimiento ilícito del diputado Carlos Reyes
La ciudadana Loly Saravia se presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso, con el cual pide que se investigue el posible delito de enriquecimiento ilícito cometido por el jefe de bancada de ARENA, Carlos Reyes.
Saravia, también abogada de la República, sostuvo que se vio motivada a presentar este aviso en vista de las publicaciones periodísticas en las que se establece que el legislador tuvo un incremento desproporcionado en sus declaraciones patrimoniales.
Basándose en documentos oficiales del Centro Nacional de Registros (CNR), una investigación realizada por Diario El Salvador establece que el diputado, quien está en la Asamblea desde 1997, posee 133 propiedades en al menos cuatro departamentos.
También es parte de cuatro sociedades que se dedican al negocio del transporte público, reveló la investigación periodística.
“Venimos como ciudadanos y como abogados a interponer un aviso penal a la FGR con el objeto de que esta institución fiscal pueda realizar e iniciar investigación en este caso. Presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito además de cualquier otro delito que surja a lo largo de la investigación correspondiente”, señaló la ciudadana.
Para la peticionaria, es alarmante el hecho de que el legislador, quien ha recibido un salario promedio de $4,000 al mes, tenga esa cantidad de propiedades, además de haber triplicado su patrimonio.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
