Judicial
Presentan aviso en la FGR para que investiguen posible enriquecimiento ilícito del diputado Carlos Reyes
La ciudadana Loly Saravia se presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso, con el cual pide que se investigue el posible delito de enriquecimiento ilícito cometido por el jefe de bancada de ARENA, Carlos Reyes.
Saravia, también abogada de la República, sostuvo que se vio motivada a presentar este aviso en vista de las publicaciones periodísticas en las que se establece que el legislador tuvo un incremento desproporcionado en sus declaraciones patrimoniales.
Basándose en documentos oficiales del Centro Nacional de Registros (CNR), una investigación realizada por Diario El Salvador establece que el diputado, quien está en la Asamblea desde 1997, posee 133 propiedades en al menos cuatro departamentos.
También es parte de cuatro sociedades que se dedican al negocio del transporte público, reveló la investigación periodística.
“Venimos como ciudadanos y como abogados a interponer un aviso penal a la FGR con el objeto de que esta institución fiscal pueda realizar e iniciar investigación en este caso. Presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito además de cualquier otro delito que surja a lo largo de la investigación correspondiente”, señaló la ciudadana.
Para la peticionaria, es alarmante el hecho de que el legislador, quien ha recibido un salario promedio de $4,000 al mes, tenga esa cantidad de propiedades, además de haber triplicado su patrimonio.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
