Judicial
Policías y militares son capturados por agredir sexualmente a un menor de edad
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó, la captura inmediata de cinco agentes policiales y cuatro militares, quienes supuestamente raptaron, agredieron sexualmente y torturaron a una menor de edad en de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.
La información policial apunta que los responsables del ataque pertenecen a la extinta Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) y cuatro miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes llegaron a dicho municipio e intervinieron a una pareja de jóvenes que se encontraban a las afueras del casco urbano.
La noche del 22 de enero, a eso de las 7:00 de la noche, un carro pick up de color blanco recorrió la calle El Perical, la cual conduce hacia el cantón. Durante ese trayecto encuentraron a una pareja, una chica y un chico. Se bajaron del vehículo y les exigieron que entregaran la droga y que dijeran a qué pandilla pertenecían bajo la promesa de no hacerlo los matarían en ese instante.
El reloj marcaba las 7:30, ha pasado media hora de interrogación y la situación había puesto tensa. “Te vas a morir”, relata la víctima que le dijo uno de ellos mientras le apuntaba en la cabeza, ambos estaban de rodillas.
Luego de la interrogación, les piden a la chica que se ponga de pie y que se bajara el pantalón y su ropa interior, ella lo hizo mientras que uno de ellos, Néstor R. mete su mano debajo de su sostén mientras apretaba sus senos.
Ambos suplicaban por su vida mientras estaban de rodillas con las pistolas apuntando a sus cuerpos y una navaja en el cuello. La chica recibió la orden de subirse al vehículo y dejaron a su pareja en el lugar. Durante su trayecto, ella recibió una nalgada por uno de los agentes y otro más la tomó por la boca como queriendo besarla mientras la tocaba.
En ese trayecto, los sujetos vislumbraron a un carro patrulla y le exigieron que bajara la cabeza para que no la vieran. La patrulla pasó de largo y ella fue llevada hasta su casa, cuando ella se bajó del vehículo le dijeron que debía de guardar silencio porque si no “ya sabía lo que le iba a pasar.”
A los imputados se les acusa de los delitos de privación de libertad, agresión sexual y tortura en contra de una mejor de edad.
Los policías responden a los nombres de José L., José D., Hugo L. y Norberto R.; y los soldados, Edwin B., José M. y Santos M.
Las capturas de los agentes, se realizaron en los departamentos de San Miguel, San Vicente y Morazán, mientras, que los soldados fueron aprisionados en el Comando Especial de la Fuerza Armada del municipio de Ilopango.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
