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Judicial

Policías y militares son capturados por agredir sexualmente a un menor de edad

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La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó, la captura inmediata de cinco agentes policiales y cuatro militares, quienes supuestamente raptaron, agredieron sexualmente y torturaron a una menor de edad en de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.

La información policial apunta que los responsables del ataque pertenecen a la extinta Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) y cuatro miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes llegaron a dicho municipio e intervinieron a una pareja de jóvenes que se encontraban a las afueras del casco urbano.

La noche del 22 de enero, a eso de las 7:00 de la noche, un carro pick up de color blanco recorrió la calle El Perical, la cual conduce hacia el cantón. Durante ese trayecto encuentraron a una pareja, una chica y un chico. Se bajaron del vehículo y les exigieron que entregaran la droga y que dijeran a qué pandilla pertenecían bajo la promesa de no hacerlo los matarían en ese instante.

El reloj marcaba las 7:30, ha pasado media hora de interrogación y la situación había puesto tensa. “Te vas a morir”, relata la víctima que le dijo uno de ellos mientras le apuntaba en la cabeza, ambos estaban de rodillas.

Luego de la interrogación, les piden a la chica que se ponga de pie y que se bajara el pantalón y su ropa interior, ella lo hizo mientras que uno de ellos, Néstor R. mete su mano debajo de su sostén mientras apretaba sus senos.

Ambos suplicaban por su vida mientras estaban de rodillas con las pistolas apuntando a sus cuerpos y una navaja en el cuello. La chica recibió la orden de subirse al vehículo y dejaron a su pareja en el lugar. Durante su trayecto, ella recibió una nalgada por uno de los agentes y otro más la tomó por la boca como queriendo besarla mientras la tocaba.

En ese trayecto, los sujetos vislumbraron a un carro patrulla y le exigieron que bajara la cabeza para que no la vieran. La patrulla pasó de largo y ella fue llevada hasta su casa, cuando ella se bajó del vehículo le dijeron que debía de guardar silencio porque si no “ya sabía lo que le iba a pasar.”

A los imputados se les acusa de los delitos de privación de libertad, agresión sexual y tortura en contra de una mejor de edad.

Los policías responden a los nombres de José L., José D., Hugo L. y Norberto R.; y los soldados, Edwin B., José  M. y Santos M.

Las capturas de los agentes, se realizaron en los departamentos de San Miguel, San Vicente y Morazán, mientras, que los soldados fueron aprisionados en el Comando Especial de la Fuerza Armada del municipio de Ilopango.

Foto Referencia.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá. 

 

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FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes

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El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.

Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.

La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.

Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.

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Judicial

50 años de prisión para padre que causó la muerte de su hijo de cinco meses

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La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.

Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.

Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.

De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.

En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.

El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.

En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.

 

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Prisión para pandillero que privó de libertad a una menor de edad

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El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.

De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.

La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.

Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.

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