Judicial
Policías y militares son capturados por agredir sexualmente a un menor de edad
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó, la captura inmediata de cinco agentes policiales y cuatro militares, quienes supuestamente raptaron, agredieron sexualmente y torturaron a una menor de edad en de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.
La información policial apunta que los responsables del ataque pertenecen a la extinta Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES) y cuatro miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes llegaron a dicho municipio e intervinieron a una pareja de jóvenes que se encontraban a las afueras del casco urbano.
La noche del 22 de enero, a eso de las 7:00 de la noche, un carro pick up de color blanco recorrió la calle El Perical, la cual conduce hacia el cantón. Durante ese trayecto encuentraron a una pareja, una chica y un chico. Se bajaron del vehículo y les exigieron que entregaran la droga y que dijeran a qué pandilla pertenecían bajo la promesa de no hacerlo los matarían en ese instante.
El reloj marcaba las 7:30, ha pasado media hora de interrogación y la situación había puesto tensa. “Te vas a morir”, relata la víctima que le dijo uno de ellos mientras le apuntaba en la cabeza, ambos estaban de rodillas.
Luego de la interrogación, les piden a la chica que se ponga de pie y que se bajara el pantalón y su ropa interior, ella lo hizo mientras que uno de ellos, Néstor R. mete su mano debajo de su sostén mientras apretaba sus senos.
Ambos suplicaban por su vida mientras estaban de rodillas con las pistolas apuntando a sus cuerpos y una navaja en el cuello. La chica recibió la orden de subirse al vehículo y dejaron a su pareja en el lugar. Durante su trayecto, ella recibió una nalgada por uno de los agentes y otro más la tomó por la boca como queriendo besarla mientras la tocaba.
En ese trayecto, los sujetos vislumbraron a un carro patrulla y le exigieron que bajara la cabeza para que no la vieran. La patrulla pasó de largo y ella fue llevada hasta su casa, cuando ella se bajó del vehículo le dijeron que debía de guardar silencio porque si no “ya sabía lo que le iba a pasar.”
A los imputados se les acusa de los delitos de privación de libertad, agresión sexual y tortura en contra de una mejor de edad.
Los policías responden a los nombres de José L., José D., Hugo L. y Norberto R.; y los soldados, Edwin B., José M. y Santos M.
Las capturas de los agentes, se realizaron en los departamentos de San Miguel, San Vicente y Morazán, mientras, que los soldados fueron aprisionados en el Comando Especial de la Fuerza Armada del municipio de Ilopango.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
