Judicial
Policía logró escapar de la muerte luego de ser entregado a pandilleros por un motorista de la ruta 140
Un agente policial resistió al ataque de 8 pandilleros y logró escapar a través de una alcantarilla luego de ser entregado por un motorista de la ruta 140 cuando regresaba a su casa en la Urbanización Nuevos Horizonte en San Martín.
Oscar (nombre modificado por seguridad) vivió por doce años en la urbanización Nuevo Horizontes, en San Martín una zona acechada por pandilleros quienes no habían detectado su presencia.
El reloj marcaba las 8:00 a.m. del 30 de septiembre del 2016, Óscar salió de trabajar y tomó la 140 en el centro, como cualquier otro día.
Dentro de la unidad se sentó en el antepenúltimo asiento al lado de la puerta trasera; viajaba con otras cinco personas que iban dispersas en la ruta que inició su recorrido.
Llegando a la colonia se percató que el motorista iba hablando por teléfono, no logró escuchar con exactitud lo que decía pero observó cuando lo miraba a través del retrovisor como si tramara algo en su contra.
«Si, aquí va”, fue lo único que logró escuchar del conductor quien unos 25 metros paró frente a un grupo de pandilleros.
Seis se subieron en la puerta de atrás y dos en la delantera. Como una jauría de lobos hambrientos se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo.
“¡Hey! Este es”, gritó uno de los sujetos al mismo tiempo que le arrebataron su mochila donde llevaba dos uniformes policiales, dos cargadores, su arma policial y sus documentos. La ruta seguía sin detenerse.
El miedo se apoderó de Óscar, por su mente pasaron decenas de imágenes de lo que podría suceder pero cuando forcejeaba con los sujetos decidió levantarse y como pudo logró saltar del microbús a través de una de la puerta de atrás.
El escape de la jauría
Una vez afuera, Óscar comenzó a correr cada vez más rápido ya que los pandilleros lo venían persiguiendo. Vivir en la zona por tanto tiempo le había dado el conocimiento de saber por dónde salir en medio de los estrechos pasajes.
El agente llegó hasta un predio valdío donde observó una alcantarilla abierta y decidió lanzarse sin importarle nada, se precipitó dos metros hacía el suelo.
Óscar siguió corriendo pero a medida iba avanzando el lugar se hacía más estrecho. “Seguí por un tubo de un 150 centímetros, ya no pude caminar y me tuve que agachar y caminar lo más rápido que pude”, recordó.
Fueron 400 metros de oscuridad y de inmundicia que recorrer hasta una quebrada sucia ubicada sobre la carretera Panamericana. Ya no volvió a saber de los agresores por lo que decidió buscar un lugar seguro.
Aprovecho que su apariencia sucia para colarse como pasajero en otra unidad de la ruta 140 y llegó a la delegación donde le tomaron su declaración y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.
Óscar solo logró identificar a dos de los sujetos que los golpearon: Jonatan Orlando G., alias “Dogui”, y José Pedro C., “Mafia”.
Estos mismos imputados están involucrados en el asesinato de un soldado y su hermano luego de ser entregados por el motorista y el cobrador de la ruta tres meses antes de este incidente.
Ambas víctimas fueron privadas de libertad por al menos 15 pandilleros de la zona. Fuentes policiales señalaron a El Salvador Times que esta forma de operar es frecuente y que se han registrado varios casos similares.
Luego de las investigaciones policiales el caso llegó al juzgado Primero de Sentencia de San Salvador en el que está pendiente la fecha del juicio.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
