Judicial
Pandilleros obligan a familias a abandonar sus casas en Apopa
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer sobre las condenas de prisión logradas en contra de tres miembros de estructuras terroristas, culpables de obligar a que habitantes de una comunidad del municipio de Apopa, al norte de San Salvador, abandonaran sus viviendas.
La Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de esa jurisdicción detalló que los imputados son Nelson Geovanni Peraza Chiquillo, alias “Chico flaco”; Edenilson de Jesús Marroquín Lainez y Enzo Adolfo Guardado Alvarenga, alias “Negro”. Todos forman parte de la denominada “Pandilla 18R”, acusados por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación.
La Vista Pública fue desarrollada por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, instancia en la que la representación fiscal acreditó suficiente elemento de prueba debidamente fundamentada.
Al final de los alegatos tanto de Fiscalía como de la defensa, el Tribunal dio validez a la tesis acusatoria y procedió a declarar la responsabilidad para los 3 involucrados. Cada uno deberá cumplir una pena de 8 años en prisión.
Quedó evidenciado judicialmente que los tres sujetos se presentaron a la vivienda de las víctimas y les advirtieron que ya no querían verlas en el lugar y que abandonaran sus casas, caso contrario atentarían contra de sus vidas, razón por la cual huyeron de la zona.
Ahora la FGR cumplió su labor a favor de las víctimas y es así como los tres delincuentes pagarán con cárcel los hechos consumados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
