Judicial
Pandillero es condenado a 1,310 años de cárcel por acabar con la vida de 33 personas

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un pandillero que asesinó a 33 personas en la zona oriental fuera condenado con 1,310 años de prisión.
El sentenciado es Wilmer Segovia, perfilado por las autoridades como miembro activo de la Mara Salvatrucha, programa Shulton que operaba en el oriente del país. El terrorista también fue encontrado culpable de 9 proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones.
Ante esa condena, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro expresó «¡Que se pudra en prisión! Treinta y tres vidas arrebatadas. A miles de salvadoreños, el cáncer llamado pandillas les arrebató a un hijo, a un padre, a un hermano, a un tío… ¡Cuánto luto y dolor!».
En ese mismo juicio también sentenciaron a Miguel Ángel Portillo, miembro del mismo programa de la MS, también fue encontrado culpable de cometer 22 homicidios, cuatro proposiciones para cometer asesinato, un intento de homicidio y extorsiones.
Miguel Ángel Portillo, homeboy del mismo programa de la MS, también fue encontrado culpable de cometer 22 homicidios, 4 proposiciones para cometer asesinato, 1 intento de homicidio y extorsiones.
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) March 7, 2023
A este criminal, se le ha condenado a 945 años de cárcel. pic.twitter.com/chYUxFQ5U4
A este pandillero le decretaron 945 años de cárcel.
Tras conocer la sentencia el fiscal general Delgado manifestó que los pandilleros que tanto dolor y llanto le han causado al pueblo salvadoreño, no van a salir de prisión y permanecerán encerrados hasta que paguen por cada uno de sus crímenes, enfatizó que su institución se encargará de eso.
El ministerio público indicó que los condenados forman parte de una estructura de 116 pandilleros que fueron llevados ante la justicia. En este proceso se encuentra procesado el exalcalde de El Tránsito Roel Werner Martínez Romero.
Judicial
Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
Judicial
En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
Judicial
Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.