Judicial
Mujer es condenada a 14 años de cárcel por obligar a menor de edad a ‘venderse’ con sus clientes en una cervecería
Una mujer fue condenada a 14 años de prisión luego de que fue hallada culpable por someter a una joven a ‘venderse’ a sus clientes en una cervecería, en Lourdes, La Libertad, mientras ella se lucraba.
Se trata de Jaqueline Landaverde Elías, quien fue llevada a la vista pública instalada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad.
El delito que se le atribuyó fue el de trata de personas en la modalidad de explotación, cometido en perjuicio de la víctima protegida con la clave “Génesis”.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal acreditó abundante elemento probatorio con el que fortaleció el dictamen de acusación y se logró establecer la existencia del delito y la participación de la acusada.
La investigación fiscal fue llevada a cabo en abril del año 2017, cuando la víctima observó en los clasificados de un periódico un trabajo como mesera, decidió comunicarse a un número de teléfono que aparecía y le ofrecieron $300 como salario quincenal. Para el día 11 de mayo, ya se había presentado ante la contratante y fue llevada al negocio en vehículo, una cervecería en donde le quitaron sus pertenencias y celular.
Fue en dos antros que la obligaron a ingerir bebidas alcohólicas y a sostener intimidad a cambio de dinero. Así estuvo privada de libertad, hasta que pudo contactarse por medio de un celular que le prestaron y le llamó a un pariente.
Finalmente, pudo ser rescatada de uno de los negocios por la Policía Nacional Civil (PNC) el día 6 junio del 2017 e iniciando de esta forma el correspondiente proceso contra la involucrada, quien ahora purgará su pena en un centro carcelario.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
