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Judicial

Mujer ataca a sus hijos con un machete, asesina a uno de ellos y ahora es condenada a 60 años de prisión

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POR: El Salvador Times.

Una mujer fue condenada a 60 años de prisión tras haber sido encontrada culpable de matar a una de sus hijas y de haber intentado matar a otros dos la madrugada del 18 de noviembre de 2016 en colonia La Zarcera, Barrio Guadalupe en San Luis La Herradura, La Paz.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue gracias al testimonio del padre de los menores que se logró conocer el crimen que conmocionó a toda esa comunidad. Jose Geovany Elías Valencia, padre de las víctimas, manifestó que su compañera de vida Julia Esmeralda Mendoza Méndez, de 36 años, atacó con un machete a sus tres hijos la madrugada en su casa de habitación.

Según la versión que se dio a conocer el juicio, Elías se estaba preparando para ir a trabajar cuando escucho unos gritos en el interior de la vivienda y observo a su compañera de vida y madre de las víctimas, cargaba a la  menor Julissa Carolina Elías Mendoza, de tres años de edad, en los brazos, quien estaba bañada de sangre.

Fue en esos instantes que él le arrebató delos brazos a la menor y la sacó al patio de la vivienda para darle auxilio. En esos momentos observó que su otra hija Rosa Esmeralda, de seis años de edad, estaba fallecida y presentaba una lesión a la altura del cuello con arma blanca.

También la imputada había lesionado en la espalda a su otro hijo Marcos Geovany, de diez años de edad. Elías pudo ver como su compañera de vida portaba un corvo en sus manos, con el cual le había ocasionado las lesiones a los tres menores.

Ante la evidencia presentada el juez condeno Mendoza Méndez, a una pena de 30 años de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Rosa Esmeralda Elías Mendoza; y 15 años más por cada caso de homicidio tentado, contra Marcos Geovany Elías Mendoza y Julissa Carolina Elías Mendoza.

 
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Judicial

Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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Judicial

En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Judicial

Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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