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Judicial

Madre denuncia a su hija mayor por golpear a hermanitos cuando los dejaba a su cargo, en San Salvador

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El Juzgado 12° de Paz de San Salvador resolvió Instrucción sin medidas contra Valeria Guadalupe Guerrero Pineda, de 20 años de edad, por el delito de desobediencia de medidas cautelares en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente de la señora Xiomara Pineda Morales (madre de la acusada) en representación de sus dos hijos menores de edad (hermanos de la acusada).

Según la relación circunstancial de los hechos Valeria Guerrero desde muy temprana edad, era la encargada de cuidar a sus hermanos menores, pero los golpeaba y los maltrataba psicológicamente, por eso su madre la denunció y meses atrás le interpusieron medidas cautelares para la protección de la niñez, dentro de las cuales incluía no acercarse al lugar de vivienda de los menores.

El pasado 9 de noviembre del presente los niños le realizaron una llamada telefónica a su madre Xiomara Pineda para informarle que su hermana mayor Valeria Guerrero, estaba golpeándolos y hostigándolos, por esta razón la denunció por desobediencia de medidas cautelares.

En audiencia inicial, al brindar detalles de la violencia que Valeria ejercía sobre los niños, abusando de su poder de hermana mayor, la juzgadora 12° de Paz decidió agregar cargos por violencia intrafamiliar y resolvió que el proceso continúe en su siguiente fase, para un estudio exhaustivo de los hechos y que FGR pueda solicitar peritajes correspondientes y presentar pruebas en fase de instrucción.

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FGR logra condena de hasta 112 años de prisión para estructura de la 18 en Cuscatlán

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El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.

Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.

En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.

El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.

«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.

Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.

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Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.

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Juzgado Especializado condena a pandilleros con penas entre los 20 y 130 años de cárcel

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El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel dictaminó la condena a prisión impuesta a 55 pandilleros que operaban y delinquían en el occidente del país.

Los delincuentes recibieron penas que oscilan entre los 20 y 130 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con Centros Judiciales, Álvaro Misael Soriano Granados es el pandillero que recibió la mayor condena, siendo esta de 130 años de cárcel.

Estos sujetos cometieron la multiplicidad de estos hechos entre los años 2012 y 2015, en Usulután, y fueron capturados en el año 2020.

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Sujeto contactó a pandilleros para que acabaran con la vida de una persona con régimen de protección

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El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A., acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año 2020 el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de una persona. Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y les proporcionó toda la información de la víctima.

La juzgadora admitió todas las pruebas, incluyendo los relatos de testigos con régimen de protección y ratificó la detención provisional contra el imputado.

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