Judicial
Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN por actos de corrupción
Esta mañana de miércoles el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes son acusados de lavado de dinero y actos de corrupción. El caso pasará a etapa de instrucción.
Los exfuncionarios del FMLN son Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y exviceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del operativo denominado «Operación Desfalco».
La FGR acusa a los exfuncionarios del delito de lavado de dinero para lo cual tienen como prueba los peritajes financieros, información de las instituciones del estado que dirigieron, entre otras pericias.
Según la Fiscalía, estas cantidades de dinero recibieron estos exfuncionarios como «bonos» o «bonos de retiro» a parte de su salario: Carlos Cáceres $210,000; Calixto Mejía $208,000; Violeta Menjívar $167,000; Erlinda Hándal $162,000 y Hugo Flores $174,000
Las autoridades también solicitaron a Interpol que se emitiera difusión roja contra e l expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, así como también contra Lina Pohl, exministra del Medio Ambiente y Guillermo López, exministro de Agricultura. Estos últimos también fueron parte del gabinete del expresidente Funes, por actos de corrupción.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén recibió hasta $530,000 en concepto de bonificaciones extra a su salario como vicepresidente de la República, durante la gestión de Funes. En el caso de Gerson Martínez, se le acusa de recibir $290,000 aparte de su salario como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Lina Pohl, según la Fiscalía, recibió $177,000 aparte de su salario como funcionaria pública encargada de la cartera de Medio Ambiente, mientras que Guillermo López recibió $565,000 además de su salario como funcionario público.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
